El Congreso aprobó con 45 votos frente a 38 la indemnización El acuerdo obliga a la familia del diplomático a desistir de todas las acciones judiciales
22 mar 2005 . Actualizado a las 06:00 h.La Cámara de Diputados de Chile aprobó ayer por 45 votos del oficialismo contra 38 de la oposición, el pago de una indemnización a la familia del diplomático español Carmelo Soria, asesinado en 1976 por agentes represores de la dictadura de Augusto Pinochet. Los parlamentarios, con su voto de mayoría, dieron curso al acuerdo existente entre el Estado chileno y la ONU, para entregar un millón y medio de dólares a la viuda y a la única hija de Soria, quienes han luchado durante casi 30 años por el esclarecimiento de los hechos. Gracias a esta votación realizada en la sede del Poder Legislativo, en la ciudad de Valparaíso, a 120 kilómetros al oeste de Santiago, se ha redactado un proyecto que aprueba el acuerdo entre Chile y la ONU, logrado después de que la familia Soria reclamara ante los tribunales internacionales de Derechos Humanos por el sobreseimiento del caso, que pasará al Senado para su obligatorio segundo trámite. En el momento de ser detenido por los agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el 14 de julio de 1976, Carmelo Soria era funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Tras ser duramente torturado por sus captores, fue asesinado y su cadáver fue lanzado a un canal de regadío al norte de la capital chilena, en el interior de su automóvil, en un acto que intentó simular un accidente. Sin embargo, el cuerpo presentaba evidentes huellas de torturas y varios testigos dieron fe de que fue visto en un centro de detención de la DINA antes de su fallecimiento. Compensaciones Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos de su familia, su caso fue sobreseído por la justicia chilena. De ahí que en 1999, tras una apelación de la hija del diplomático, Carmela Soria, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendase al gobierno chileno estudiar el pago de las compensaciones económicas solicitada por la familia del español, que ascendían a 4 millones de dólares. Después de largas negociaciones, en el año 2003 se firmó un compromiso entre el Estado chileno y la ONU que permitirá el pago de 1,5 millones de dólares a la familia, que, en el marco de este acuerdo, deberá desistir de todas sus acciones judiciales.