Enrique Múgica podría sustituir el próximo año a Romay Beccaría al frente del Consejo de Estado
ESPAÑA
Los presidentes de órganos como el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, tendrán que cambiar en los próximos meses, una vez agotado su período de mandato que no suele coincidir con el cambio de legislatura. La nueva mayoría política del PSOE lograda el pasado 14-M condicionará la elección de los llamados a dirigir en el futuro unas instituciones tan importantes o más que el propio Gobierno de la nación. El actual Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, agota su mandato el próximo año con escasas posibilidades de reelección. Fuentes de la institución reconocen que Múgica «ha vivido de espaldas a Zapatero, rechazando incluso el encontrarse con el secretario general del PSOE fuera de los despachos oficiales». El nombre de Carmen Alborch, ex-ministra de Cultura con el PSOE, ha sonado semanas atrás como candidata a sustituir a Múgica, cuyo destino -si vence las resistencias de su antiguo partido, el PSOE- podría estar en el Consejo de Estado, presidido en la actualidad por el ex-ministro Romay Beccaría. Este mismo octubre cumple su mandato al frente de la Comisión del Mercado de Valores, Blas Calzada, al que el Gobierno de Rodríguez Zapatero tendrá que buscarle sustituto. En noviembre próximo también tiene que producirse el relevo de Ubaldo Nieto al frente del Tribunal de Cuentas, al cumplir tres años como presidente. El nombramiento, que suele ser consensuado entre los dos partidos mayoritarios, recaerá en uno de los magistrados del PSOE, cuya renovación -junto al resto de magistrados del Tribunal- no se producirá hasta 2010, al ser electos por períodos de nueve años. El pasado ocho de abril concluyeron su mandato de nueve años cuatro magistrados de los doce que forman el Tribunal Constitucional, así como el presidente de la institución, Rafael Jiménez de Parga, que da por descartada su reelección. Corresponde al nuevo Gobierno nombrar a dos magistrados, y al Consejo General del Poder Judicial -con mayoría conservadora- los otros dos. En el ámbito del Poder Judicial el nombramiento pendiente más importante es el de Fiscal General del Estado, cuya elección es competencia del Gobierno. La conocida sintonía entre María Teresa Fernández de la Vega, futura vicepresidenta del Gobierno, y Margarita Robles, ex-secretaria de Estado en el Ministerio del Interior y Justicia con Juan Alberto Belloch, impulsa su candidatura, si bien el ex-fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, podría optar al cargo una vez que ha rechazado encabezar la lista de Izquierda Unida a las europeas.