Remite al PP, PSOE e IU 78 medidas para incluir en sus programas El documento plantea las carencias que tiene hoy la infancia y sus posibles soluciones
04 dic 2002 . Actualizado a las 06:00 h.A El defensor del menor de la comunidad de Madrid, Pedro Núñez Morgades, ha enviado a los responsables del PP, PSOE e IU un documento en el que se detallan 78 medidas para incluir, si lo consideran conveniente, en sus respectivos programas electorales de cara a los comicios municipales y autonómicas de mayo del 2003. Las propuestas de Morgades pretenden plantear las carencias que sufren los menores hoy en día, desde distintas perspectivas, y las posibles soluciones a aplicar. Las sugerencias tienen que ver con ámbitos como la educación de los hijos, la conciliación de la vida familiar y laboral, los malos tratos, el acogimiento familiar, el diseño de políticas de salud y el seguimiento de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, entre otros. Entre las muchas proposiciones novedosas, destaca la creación de un Registro de Malos Tratos que permita dar cuenta de las reincidencias y facilite una mayor coordinación en la lucha contra esta actuación. En esta misma línea solicita que se instaure un tratamiento procesal diferencial con el menor víctima, que le permita prestar declaración sin la confrontación visual con su agresor. Sobre el maltrato infantil, el Defensor del Menor insta a los partidos a modificar el artículo 154 del Código Civil, añadiendo en su último párrafo la frase «pero nunca mediante el empleo del castigo físico o cualquier otro trato que comporte menoscabo de la integridad y dignidad personal». También pide el desarrollo de campañas de información y concienciación sobre este problema. Núñez Morgades propone la potenciación de la figura del acogimiento familiar y, en cuanto a los centros de acogida y de reforma, solicita la adaptación de los mismos a las nuevas realidades sociales. Esto se conseguiría con la creación de recursos específicos para menores en situaciones especiales, como los trastornos de conducta o los comportamientos conflictivos. En cuanto a la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, es partidario «de impulsar una auditoría que permita comprobar cómo se aplica en cada una de las instancias correspondientes para poder determinar cuáles son las necesidades que hay que cubrir». Además, reclama los recursos materiales y personales necesarios para hacer viable dicha normativa. Para evitar la mendicidad infantil, propone la puesta en marcha de planes de actuación conjunta entre la Policía Municipal y los servicios sociales.