La Administración central responde al ultimátum que sólo restan siete transferencias y que no tolerará «que se quebrante la ley» Si el Gobierno central no se compromete a desarrollar en dos meses las competencias del Estatuto de Autonomía que aun no han sido transferidas, el Ejecutivo de Vitoria las asumirá unilateralmente. El tripartito que sustenta el Gobierno vasco, formado por PNV, EA e IU, apoyado en la abstención de Batasuna, decidió ayer dar un ultimátum al Gabinete de Aznar para que «con carácter urgente, defina un proyecto operativo y un calendario de cumplimiento y desarrollo completo del Estatuto de Gernika».
08 jul 2002 . Actualizado a las 07:00 h.La decisión, recogida en un dictamen, fue tomada en el seno de la ponencia de la Comisión Especial de Autogobierno con el rechazo de PP y PSE-EE. En el texto, el tripartito «evidencia públicamente el incumplimiento del Estatuto de Autonomía para el País Vasco», al tiempo que denuncia «la responsabilidad política del Gobierno español por haber propiciado unilateralmente el bloqueo de las transferencias». El Ejecutivo central, por su parte, sólo reconoce la existencia de siete transferencias pendientes al País Vasco, frente a las 37 que reclama el Ejecutivo de Vitoria, y el ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, advirtió ayer de que su Gobierno «no permitirá que se quebrante la ley». Abogan por el referéndum Además del ultimátum, el dictamen también recoge una serie de exigencias territoriales que serán debatidas el próximo viernes en el Parlamento de Vitoria en un pleno monográfico de autogobierno. El texto alude así a una Euskal Herria compuesta por las tres provincias vascas, las tres del país vasco francés y Navarra, y aboga por la la convocatoria de una consulta sobre autodeterminación. Para aprobar la propuesta fue decisiva la abstención de Batasuna, al tiempo que causó irritación en los partidos constitucionalistas. Desde el PP, el parlamentario Fernando Maura manifestó que la iniciativa «quiebra el consenso estatutario», mientras Jesús Eguiguren (PSE) consideró el dictamen como «extremadamente grave». El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Mariano Rajoy, calificó, por su parte, de «auténtico despropósito» y de «enorme irresponsabilidad» la propuesta del Ejecutivo vasco, que, resaltó, pretende «asumir unas competencias saltándose los procedimientos establecidos en la legislación».