El Gobierno sostiene que Batasuna puede ilegalizarse por delitos pasados si no rectifica

AGENCIAS MADRID

ESPAÑA

DAVID AGUILAR

15 may 2002 . Actualizado a las 07:00 h.

El Gobierno advirtió ayer de que la no retroactividad de la Ley de Partidos no significa que se vaya a hacer «borrón y cuenta nueva» sobre la trayectoria de Batasuna para iniciar el proceso para su disolución. El ministro de Justicia, Ángel Acebes, recalcó que la norma será eficaz a partir de su entrada vigor y en virtud de actuaciones de la formación radical «nuevas o que estén vigentes» y no sean rectificadas. Según explicó, el proceso de ilegalización no puede obviar el pasado de Batasuna, ni que «entre sus militantes haya varios condenados por acciones terroristas, o que su tesorero sea inculpado por financiar a ETA». En la práctica, esto significa que no será necesario que Batasuna vuelva a dejar patente su apoyo a ETA para que se inste su ilegalización. Se podrán tener en cuenta los procesos que están en curso en la Audiencia Nacional o, simplemente, la no retirada de publicaciones en la que justifica el terrorismo. El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, recordó al Gobierno, con un leve deje de advertencia, que «el espíritu de acuerdo en la ley debe mantenerse en su aplicación». El líder socialista consideró que el logrado con el PP «es un buen acuerdo de reforzamiento del Estado de Derecho y de la democracia». Las precisiones introducidas por los socialistas en el texto inicial del Ejecutivo redoblan, a su juicio, las garantías de respeto a los derechos y libertades consagrados por la Constitución. Apoyo abrumador La ley recibirá el respaldo del 90 por ciento del Parlamento, tras sumarse CiU y CC al consenso logrado por PP y PSOE. Sólo PNV, IU y los representantes del Grupo Mixto quedarán al margen. El presidente del PNV, Xabier Arzalluz, acusó a PSOE y a CiU de estar «asustados» por la política «autocrática» de Aznar. «A muchos socialistas que conozco les rechinan los dientes ante esto», añadió. El BNG, por su parte, explicó ayer que se opone al proyecto, «que atenta contra as minorías molestas», y acusó al PP de imponerla de forma «prepotente, chantaxista e unilateral», por lo que ha presentado una enmienda a la totalidad.