El Tribunal Superior balear levanta el archivo del «caso Formentera» y lo lleva al Supremo

AGENCIAS PALMA

ESPAÑA

Los jueces argumentan que «no se puede descartar» un delito electoral del ministro Jaume Matas, que será interrogado El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) trasladó ayer al Supremo el «caso Formentera» ¿archivado hace un mes por el juez instructor de la causa¿ para que el máximo órgano judicial interrogue al ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, y a la diputada en el Congreso Rosa Estarás sobre un presunto delito electoral y de malversación de fondos públicos, supuestamente cometidos por el Gobierno balear del que ambos formaron parte la pasada legislatura. El Gobierno central resta importancia al auto porque «sólo es la estimacion de un recurso» que no puede provocar la dimisión del ministro.

19 abr 2002 . Actualizado a las 07:00 h.

El caso Formentera dio ayer un nuevo giro después de que la Sala de lo Civil y Penal del TSJB haya decidido que hay que seguir investigando la posible responsabilidad del gobierno que presidía Jaume Matas. Los cuatro jueces encargados de la resolución ordenan que se haga en el Tribunal Supremo, dada la condición de aforados del ministro de Medio Ambiente y la diputada Estarás, y porque no se debe archivar la causa, ya que no se puede descartar la existencia de un delito electoral y de una malversación de fondos. El juez instructor del caso, Antoni Montserrat, decidió el pasado 21 de marzo archivar la causa ya que no veía ningún indicio de los presuntos delitos que ahora los cuatro jueces de la Sala de lo Civil y Penal no descartan. Su resolución estima que, tal y como solicitó la Fiscalía de Baleares y la acusación particular, hay que tomar declaración a Matas y Estarás, ya que el momento procesal para atender tales peticiones es el adecuado. Además, la decisión judicial considera oportunas estas declaraciones para que la causa avance. En concreto, según el auto, «en este momento procesal esta sala no puede descartar terminantemente que los hechos investigados sean constitutivos de delito electoral» y, por lo tanto, «no puede confirmar el archivo». «Sospechas fundadas» En cambio, el auto señala que procede acceder a la petición de las acusaciones y del fiscal «por los indicios o sospechas fundados con una mínima verosimilitud o solidez sobre la participación en los hechos objeto de investigación penal de los referidos aforados, y ello con el fin de que el Supremo tenga oportunidad de conocerlos y valorar si son suficientes para reclamar la causa y declarar su competencia jurisdiccional para conocer el asunto». El ministro portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, afirmó ayer que únicamente se trata de la «estimación de un recurso» y consideró que esto no puede tener como consecuencia la dimisión del titular de Medio Ambiente. La primera valoración del PP balear fue para reclamar «tranquilidad» y seguir apoyando a su presidente como «mejor valor» electoral en las próximas elecciones autonómicas del 2003. Por su parte, el presidente balear, Francesc Antich, exigió a José María Aznar que «tome cartas en el asunto» y que no traicione el lema «el PP es incompatible con la corrupción». En los razonamientos jurídicos del auto se rechaza, igualmente, el argumento del juez instructor de que los informes sobre las posibilidades electorales del PP en Sudamérica fueron sustraídos, lo que invalidaba esta prueba. Según el auto, «es extemporáneo efectuar ahora un enjuiciamiento de tan delicada cuestión».