La Fiscalía, el PSOE e IU recurrirán la decisión del instructor de la causa, que fue nombrado por el PP El juez instructor del caso Formentera, Antoni Montserrat, archivó ayer la causa al considerar que no existen indicios de delito por lo que respecta a las acusaciones de prevaricación y malversación de fondos. Además, el juez del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) desestima el traslado del caso al Tribunal Supremo, tal como solicitó la Fiscalía de Baleares para que se tomara declaración al ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, sobre sus actuaciones en su anterior etapa como presidente del Gobierno balear.
22 mar 2002 . Actualizado a las 06:00 h.El caso Formentera surgió al final de la pasada legislatura. Unos días antes de las anteriores elecciones autonómicas, los partidos políticos que formarían el Pacto de Progreso de Baleares denunciaron un supuesto pucherazo en la isla de Formentera que, tiempo después, se concretó en una trama de captación de votos presuntamente urdida por el Ejecutivo autonómico que presidía Jaume Matas y que tenía como centro de operaciones las casas regionales de Baleares de las localidades de Rosario y Santa Fe (Argentina). El juez, sin embargo, no ve motivos para ir a juicio por los delitos de prevaricación ni malversación de fondos. Respecto a la acusación de revelación de secretos, el magistrado instructor la ha sobreseído, mientras que mantiene viva la de falsedad documental para que la investigue un juzgado de Palma. Este supuesto delito se refiere a la posible contratación irregular de María de la Pau Segura, hija de Miquel Segura, asesor de la antigua consejera de Presidencia, y de la actual diputada del Grupo Popular en el Congreso, Rosa Estaràs. La Fiscalía de Baleares recurrirá esta decisión judicial, ya que el fiscal jefe, Antonio de Vicente Tutor, había solicitado el traslado de la causa al Tribunal Supremo, para que declararan el ministro Matas y la diputada Estarás. Aquello provocó la indignación y las protestas del PP balear, dado que De Vicente convocó a la Junta de Fiscales para recoger su opinión. Tanto la Junta como, posteriormente, el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, dieron su visto bueno a la petición, siempre, eso sí, a criterio exclusivo del fiscal de Baleares. «Sorpresa» política El secretario de organización del PSIB-PSOE, Damià Cànoves, reconoció que «el auto nos sorprende», aunque recordó que «al principio de la instrucción ya se recurrió el nombramiento de Montserrat al no considerarlo el juez adecuado». Montserrat no es juez de carrera, sino que fue designado a propuesta del Parlamento regional, que controlaba el Partido Popular (PP), como magistrado del TSJB en la condición de jurista de prestigio. Cànoves, en declaraciones a la Cadena Ser, consideró que «las causas de fondo político no pueden ser estudiadas por jueces nombrados por la vía política».