Malestar en el ministerio por las sentencias favorables a dar dinero público a organizaciones próximas a ETA El Tribunal Supremo ordenó al Ministerio de Interior pagar una indemnización de 1.202 euros (200.000 pesetas) a la empresa editora del extinto diario «Egin» por haber discriminado al rotativo en una campaña publicitaria de seguridad vial de la Dirección General de Tráfico. La resolución insta al departamento a que abone la suma y cumpla así con la condena dictada hace dos años por la Sala Séptima de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, orden que ha causado malestar en el departamento de Rajoy.
25 ene 2002 . Actualizado a las 06:00 h.La decisión que tomó en 1994 el entonces titular de Justicia e Interior, el socialista Juan Alberto Belloch, de excluir a Egin de la campaña institucional de Tráfico titulada Las imprudencias se pagan caras. Carísimas, va a llevar al Ministerio a rascarse -ligeramente- el bolsillo porque, si bien los servicios jurídicos van a recurrir hasta las últimas instancias, la sensación entre los responsables del departamento es que, al final, deberán pagar. Interior recibió este miércoles la notificación del alto tribunal. Replicó con la imposibilidad de indemnizar a un diario que no existe, pues Egin cerró a raíz de la decisión del juez Garzón de embargar a la empresa editora, Orain S.A., por considerarla parte de la estructura legal de ETA. Advierte, además, de que Gara y su editora no son continuidad del rotativo desaparecido. Recurso desestimado El Supremo pone así fin a un contencioso de ocho años que tuvo una primera sentencia favorable a Egin en 1995. Entonces, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid estimó que la decisión de Interior incidía «negativamente» en el derecho a la igualdad recogido en la Constitución, y condenó al Ministerio a pagar la citada cantidad. Los abogados del Estado recurrieron este fallo ante el Supremo, pero ahora, Interior ha recibido la orden definitiva de ejecución de la polémica sentencia. Fuentes gubernamentales no ocultaron su malestar, ya que mientras los jueces reclaman más medidas de seguridad contra ETA, los tribunales ordenan a la Administración pagar subvenciones e indemnizaciones a organizaciones favorables a los terroristas.