«No echo en falta nada ni a nadie». Son palabras de José Luis Corcuera, uno de los dos ex-ministros del Interior que ayer se sentó en el banquillo. El que fuera impulsor de la controvertida Ley de Seguridad Ciudadana, recordada por la patada en la puerta que propiciaba uno de sus artículos, respondía así a la pregunta de si esperaba la presencia de algún dirigente del partido en este día tan señalado, fecha del inicio del último juicio importante sobre la gestión de los Gobiernos socialistas. Pero su rotundidad y fortaleza -ayer fue el único de los acusados que quiso dar la cara ante los medios de comunicación- no pudieron ocultar un hecho claro, aunque el ex-ministro insistiera en que «he estado con compañeros, pero ustedes no los han visto». Sólo un responsable del PSOE acompañó a la antigua cúpula de Interior ante tan difícil trago. Fue el portavoz parlamentario socialista de Presupuestos, Francisco Fernández Marugán, quien ya conoció la cara más amarga de los tribunales a raíz de su imputación en el caso Filesa como ex secretario de Finanzas del partido. La jornada transcurrió entre pequeños detalles y sin ningún incidente. Sólo Corcuera entró a pie en la Audiencia Provincial de Madrid. El resto de los imputados alegaron «razones de seguridad» para poder acceder al edificio por al garaje. Sin mirarse a la cara Una vez en la Sala, el orden de colocación ante el tribunal no fue gratuito y evidenció el abismo creado tras la decisión tomada por Julián Sancristóbal, Paco Álvarez e Iñaki López de devolver los sobresueldos que les dieron sus superiores. A un lado, la línea dura encabezada por Barrionuevo y Vera; al otro, los tres arrepentidos. Entre ellos no se cruzaron palabra e incluso evitaron en todo momento mirarse a la cara.