La Xunta estará un mes maniatada por una nueva ley que limita la actuación de los Gobiernos en funciones
ELECCIONES 2016
Según la normal impulsada por el PP en la Xunta, el Ejecutivo actual solo puede aprobar iniciativas urgentes o que estén motivadas
28 sep 2016 . Actualizado a las 05:00 h.A mediados de la pasada legislatura, cuando el PP estaba arrinconado por la Pokémon y otros asuntos, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijoo, sacó un paquete legislativo contra la corrupción y en favor de la regeneración democrática. La Lei 1/2016, del 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, está en vigor desde el pasado mes de febrero y es la primera vez que se aplica en Galicia después de unas elecciones autonómicas.
La norma, tal y como se recoge en los artículos 50 y 51, limita de forma considerable qué es lo que puede o no hacer un Ejecutivo en funciones. Es decir, por una normativa propia, la Xunta estará maniatada hasta que se constituya el nuevo Gobierno autónomo, circunstancia que no se producirá hasta finales del próximo mes de octubre o principios de noviembre.
Según la ley impulsada por el PP en la Xunta, el Gobierno deberá limitar su gestión a los despachos de carácter ordinario y tendrá que evitar la adopción de medidas que puedan condicionar la acción ejecutiva del equipo que lo sustituya. Se trata de una norma pensada para cuando los electores deciden un cambio de Gobierno y hay un traspaso de poderes, tal y como ocurrió en Galicia en el año 2005. La norma establece que, salvo casos de urgencia o cuando existan razones motivadas que lo justifiquen, el Gobierno en funciones no podrá enviar proyectos de ley al Parlamento; hacer usos de delegaciones legislativas otorgadas por la Cámara o aprobar decretos de desarrollo normativo de otras leyes; autorizar convenios o acuerdos con el Gobierno de España, otras comunidades, entidades locales o universidades; adquirir compromisos que no tengan la consideración de un gasto corriente; aprobar convocatorias de empleo público o modificar las relaciones de puestos de trabajo; adjudicar contratos que tengan vigencia plurianual y, en todo caso, aquellos cuya estimación económica supere la cuantía de 150.000 euros; y por último, tampoco podrá resolver expedientes que pongan fin a la aprobación o denegación de planes previstos en la normativa de ordenación territorial y medioambiental.
Preguntada sobre qué consecuencias tendrá esta normativa en algunas de las iniciativas en marcha, la Xunta no precisa todavía nada. «Precisamente se está trabajando ahora en eso, en qué cosas tenemos que parar y cuáles se pueden sacar adelante, porque la propia normativa establece que se pueden aprobar ciertas cosas urgentes o que tienen una motivación», explican las fuentes consultadas en la Administración autonómica.
Elaboración de Presupuestos
La norma no está impidiendo, sin embargo, que las diferentes estructuras de la Administración autonómica sigan adelante con el trabajo para confeccionar los Presupuestos gallego para el próximo año 2017. El objetivo es que cuando se constituya el nuevo Gobierno se pueda avanzar cuanto antes y alterar lo menos posible el calendario de las cuentas de la Administración gallega.
Una norma que regula también la información en el traspaso de poderes
La normativa sobre transparencia y buen gobierno impulsada por la Xunta, y en vigor desde febrero, también regula cuál debe ser la actuación del Ejecutivo en funciones en relación al traspaso de poderes. La Xunta cesante deberá tomar todas las medidas destinadas a garantizar que el Gobierno entrante recibe toda la información sobre el estado general de las cuentas de la Administración autonómica y de los entes instrumentales del sector público gallego.
En el supuesto de un cambio de Gobierno, cada consellería está obligada a elaborar un informe sobre el grado de ejecución presupuestaria, los convenios vigentes, la situación del personal, los compromisos económicos y otros asuntos.