Venezuela y la concepción partidista de la Justicia de Monedero golpean a Podemos

Enrique Clemente Navarro
Enrique Clemente MADRID / LA VOZ

ELECCIONES 2016

Pepe Zamora | EFE

El cofundador de la formación morada defiende que el Gobierno dé órdenes a los jueces

18 jun 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

Son dos asuntos recurrentes. La supuesta financiación de Podemos por parte del Gobierno del fallecido Hugo Chávez y su concepto de cómo debe funcionar la Justicia en un sistema democrático. Ahora, en medio de la campaña, ambos vuelven a aflorar y ponen a la defensiva a la formación morada. Por un lado, la Asamblea venezolana ha abierto una investigación sobre los más de siete millones de euros que habría recibido, entre el 2003 y el 2011, el Centro de Estudios Políticos y Sociales, la fundación que dirigían los que más tarde serían máximos dirigentes de Podemos. Además, pide la colaboración de Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y Jorge Verstrynge para aclarar si esa suma sirvió para financiar al partido emergente, que nació en el 2014. La oposición venezolana considera desmesurado el dinero recibido por las labores de asesoría y formación que habrían prestado.

Detener a los corruptos del PP

Por otro, unas declaraciones de Monedero han puesto de nuevo en cuestión el respeto de Podemos a la separación de poderes. «En nuestra filas van muchos jueces, van guardias civiles, porque están esperando que un Gobierno les dé la orden de detener a toda esta cuerda de corruptos», dijo, en referencia a los implicados del PP en casos de corrupción, el miércoles en un mitin en Cartagena. «Es lo que está esperando buena parte de la judicatura y de la guardia civil que están con nosotros», añadió. Asociaciones de jueces y fiscales criticaron el viernes esta visión de sumisión del poder judicial al ejecutivo.

No es la primera vez que Podemos choca con el concepto de justicia independiente. En el documento que envió a mediados de febrero al PSOE como base para negociar planteaba que puestos clave de la Justicia, como el fiscal general del Estado, los magistrados del Tribunal Constitucional, el fiscal especial anticorrupción o los vocales del Consejo General del Poder Judicial debían ser nombrados, además de por los criterios de mérito y capacidad, por su «compromiso con el programa del Gobierno». Asociaciones de jueces y fiscales pusieron el grito en el cielo ante lo que consideraron una «aberración».

El documento también recogía la creación de una secretaría de Estado contra la corrupción, que dependería de la vicepresidencia que reclamaba Pablo Iglesias, cuya misión sería «coordinar» a policías, jueces, fiscales y órganos fiscalizadores del Estado en la lucha contra la deshonestidad pública. Podemos se vio obligado a rectificar parte de su propuesta.

El partido que lidera Iglesias trató el viernes de minimizar los daños por ambos asuntos. Monedero explicó que respeta la Justicia independiente y que se refería a que el PP no deja hacer su trabajo a los jueces y la Guardia Civil. Respecto a la financiación de Podemos, el secretario de organización, Pablo Echenique, pidió a los demás partidos respeto «a los tribunales españoles, que por cinco veces han dicho que esas acusaciones son mentira».

Colaborar al máximo

Se expresaba así después de que el Gobierno y el PSOE pidieran a sus dirigentes que colaboren con el legislativo venezolano. «Todos los partidos tienen que colaborar al máximo en las investigaciones que se produzcan en relación con su propia financiación y los casos de corrupción que le afecten», sostuvo la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría. La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, afirmó que espera que «en su casa apliquen la misma transparencia, exigencia y la misma vara de medir que, lamentablemente, aplican, con maldad, a otras fuerzas políticas». El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, hizo referencia a ese pago de siete millones de euros en el debate televisado a cuatro, que dijo no podía afirmar que suponía financiación ilegal de Podemos, pero sí calificó de «inmoral».