El agresor de Rajoy pasó la noche en el calabozo

Esperó al final del recorrido del presidente en Pontevedra y le asestó un puñetazo ante varios guardaespaldas. En el caso más grave, el menor puede ser condenado a 6 años de internamiento. Ya está prestando declaración ante la Fiscalía de Menores de Pontevedra


Vigo, Pontevedra / La Voz

Por «los recortes» y «la corrupción». Esa fue la justificación que el joven que propinó ayer un puñetazo a Mariano Rajoy en Pontevedra dio a los agentes que lo redujeron y recluyeron dentro de una inmobiliaria del centro de la ciudad mientras se conducía al presidente lejos del lugar de la agresión. Con los pulgares en alto manifestando su satisfacción por haber protagonizado el que será el hecho más recordado de la campaña, El menor de 17 años, residente en Pontevedra y sin antecedentes, recibió los vítores de algunos presentes, mientras los seguidores del político trataron de respaldar a su líder al grito de «presidente, presidente». Ya está prestando declaración ante la Fiscalía de Menores de Pontevedra. 

Habían pasado casi dos horas y media de un auténtico baño de masas en sendos paseos por Vigo y Pontevedra, que incluso sorprendieron al propio Rajoy por el calor que le había transmitido multitud de viandantes, cuando a las 18.50 horas y bajo la iglesia pontevedresa de A Peregrina justo antes de dirigirse a su coche para desplazarse a A Coruña, la enésima y última petición de foto con el aspirante a la reelección -en este caso de una mujer con su hija- propició un corrillo de despedida a Rajoy en su propia ciudad. Junto al presidente, a su izquierda, se colocó el agresor supuestamente para salir en la imagen. Y mientras esta era realizada por el presidente del PP pontevedrés, Jacobo Moreira, sin mediar palabra o gesto alguno el joven asestó un fuerte puñetazo en la cara del presidente sin que el guardaespaldas que estaba justo detrás de Rajoy o los otros tres que se situaban a menos de dos metros percibieran la agresión hasta que se produjo.

«¿Cómo ha podido pasar esto?», fue lo único que acertó a decir Rajoy, según personas que se encontraban junto a él en el momento del incidente. Sus gafas saltaron por el aire rotas por el impacto mientras el presidente perdía la verticalidad sin llegar a caerse. Los guardaespaldas que durante toda la tarde habían controlado estrechamente a las decenas de personas que se acercaron a hablar y fotografiarse con Rajoy, incluso portando uno de ellos un escudo antibalas plegable, se abalanzaron sobre el menor reduciéndolo en el suelo, para conducirlo después a la inmobiliaria cercana donde permaneció retenido hasta que llegó un coche policial.

En comisaría, el joven prestó declaración ante su abogado y su padre, testimonio del que trascendió que dijo que «ni pertenece, ni tiene afinidad» con partido político alguno, ni asociaciones activistas. El agresor de Rajoy llegó a escribir en Twitter sin embargo el 14 de diciembre del año pasado: «Voy a hacer un atentado en la sede del PP», como después en la misma red y bajo una foto de militantes del PP, señalaba: «Los payasos de Pontevedra».

Tras prestar declaración, la fiscala coordinadora de menores de Pontevedra decretó que el agresor pasase la noche en el calabozo, siendo trasladado al de Marín por estar en obras el de Pontevedra. Jorge Cubela, abogado del joven, pidió que «no se exagere lo ocurrido, porque se trata de un menor inadaptado que cometió la agresión sin ninguna motivación política. Es una víctima de su personalidad adolescente», añadió el letrado.

Reeducación o internamiento

Un ataque como el perpetrado por el joven está tipificado en el Código Penal como atentado a la autoridad, y puede ser castigado con hasta seis años de prisión. Pero al no haber cumplido aún los 18 años, se le aplica la ley del menor. En este caso, la instrucción de la causa la hace directamente la Fiscalía, que será quien proponga al juez de menores unas medidas de castigo atendiendo a las circunstancias de lo sucedido y a las personales y familiares del menor. Podría incluso enviar el caso a la Audiencia Nacional. El castigo podría ir desde la obligación de asistir a cursos de reeducación hasta, en el caso más extremo, seis años de internamiento en un centro de menores.

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