El señalamiento del independentismo obliga a reclutar interventores foráneos

La ley electoral fue modificada en el 2003 motivada por los asesinatos de ETA


MADRID / La Voz

«Universal, libre, igual, directo y secreto». Es lo que recoge la Constitución sobre cómo debe garantizarse el derecho al sufragio. Sin embargo, las formaciones constitucionalistas en Cataluña denuncian que la libertad, la igualdad y la confidencialidad del voto de sus electores está en entredicho. En especial en los municipios más pequeños. «No votará con la misma libertad alguien en Badajoz que aquí», lamentaba el miércoles Joan García en conversación con La Voz.

Este diputado autonómico de Ciudadanos atiende la llamada del periódico a su regreso de un acto reivindicativo de la formación naranja para mostrarle su apoyo a Enrique Jimeno, el único concejal de su partido en el municipio de Cardedeu (Barcelona) tras haber sido víctima de un escrache por parte de sus vecinos independentistas, que, cacerola en mano, se colaron recientemente en el ayuntamiento para interrumpir el pleno exigiendo la libertad de Oriol Junqueras y compañía. «Yo tengo la suerte de votar en Sabadell, pero los que lo hacen en un pueblo del interior de Gerona no cuentan con las suficientes garantías», opina.

Los interventores y los apoderados son las personas designadas por cada partido para velar por la higiene democrática durante las jornadas electorales, con la capacidad de presentar denuncias ante la Junta Electoral en caso de detectar irregularidades como la falta de papeletas, que alguien quiera votar siete veces o la ausencia de cabinas dentro de los colegios.

Joan García expone la dificultad a la que se enfrentan para dar con interventores y apoderados de Cs en municipios por debajo de los 10.000 habitantes. El motivo: miedo a ser señalados. Define como «héroes» a los vecinos dispuestos a aguantar toda la jornada dentro de un colegio electoral «de un pueblo del interior de Gerona» con un cartelón colgando del cuello con los colores de Cs, PP o PSC. Por eso se ven obligados a reclutar a gente de otros municipios o ciudades para que hagan ronda lejos de casa intentando abarcar el mayor número de centros, ya que aunque también tendrán que soportar algún improperio, al menos no se encontrarán al día siguiente su negocio familiar marcado con un lazo amarillo o la cerradura de su coche sellada con silicona. Ya en las elecciones catalanas del 21 de diciembre del 2017 convocadas bajo el artículo 155 por Mariano Rajoy los partidos constitucionalistas tuvieron que echar mano de afiliados de toda España.

La posibilidad de reclutar a gente de fuera para ser interventores se abrió en el 2003, a consecuencia de un cambio en la Loreg motivado por las balas de ETA. Miguel Ángel Blanco ejerció de interventor del PP en Ermua antes de ser asesinado.

El PP recurre ante la Junta

Los populares presentaron ayer un recurso ante la Junta Electoral para que se prohíban los actos de protesta que convocó para el sábado, jornada de reflexión, la plataforma Tsunami Democràctic, la misma que se encargó de paralizar el aeropuerto de El Prat tras conocerse la sentencia sobre los cabecillas de la declaración de independencia en Cataluña. «Son propaganda independentista y anticonstitucionalista, y claramente un desafío a la jornada electoral y a las elecciones», denunció su portavoz parlamentaria y cabeza de lista por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo.

El presidente de Cs, Albert Rivera, exigió ayer al Gobierno que garantice la seguridad en los colegios: «Advierto, ruego, pido y exijo a Sánchez que prevea lo que se está publicando del Tsunami y de los cafres de los comandos (CDR) para que todo el mundo pueda votar libremente», requirió en un desayuno informativo en Madrid.

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