El BNG se echa a la carretera para denunciar la«estafa» de la AP-9

Susana Luaña Louzao
Susana Luaña SANTIAGO / LA VOZ

ELECCIONES 2020

XOAN A. SOLER

Ana Pontón y Néstor Rego acompañaron a los transportistas que se ven obligados a circular por la autopista y pagar el peaje

30 oct 2019 . Actualizado a las 14:58 h.

La líder del BNG, Ana Pontón, y su candidato por A Coruña, Néstor Rego, se subieron a dos camiones de reparto y se echaron a la carretera para hacer con sus conductores el tramo de la AP-9 entre Arteixo y Santiago con el fin de demostrar, con el kilometraje y el tique de los peajes en la mano, cómo repercute el cobro de la autopista no solo en la población en general sino también en los sectores productivos.

Pontón y Rego viajaron acompañando a Antonio Señarís, presidente de la Federación Empresarial de Transporte de Mercancía por Carretera, quien explicó la situación a la que se enfrenta su sector en el día a día de una jornada laboral, abocados a ir por autopista —ya sea porque transportan mercancías peligrosas o por razones de seguridad— o a poner en riesgo no solo su integridad física circulando por carreteras secundarias sino también la de los peatones.

Néstor Rego garantizó que el BNG seguiría peleando en el Congreso por la transferencia de la AP-9 como primer paso para la eliminación de los peajes, y recordó que «Galicia xa ten máis que amortizados os custes do investimento» por su construcción y que, pese a ello, el peaje subió este año un 3,5 %. Ana Pontón recordó que se trataba de la tercera autopista más cara de España y sin alternativa, e insistió en que, para el BNG, lo de la AP-9 es «unha estafa» legalizada por el PP y el PSOE.

Pontón indicó que un camionero que hace tres veces al día el recorrido entre A Coruña y Santiago se deja en torno a los 1.800 euros en peajes, mientras que otro que va dos veces en una jornada de A Coruña a Vigo tiene que desembolsar en torno a los 2.800 euros al mes. A su entender, no es solo una«estafa legalizada», sino también una pérdida de competitividad, porque ese coste repercute en los ciudadanos.