Los letrados del Senado consideran «indudable» que Romeva debe ser suspendido

La Mesa del Senado se reúne este mediodía para analizar la suspensión, solicitada por PP y Cs

Raül Romeva. Exconsejero de Relaciones Internacionales, está acusado de rebelión agravada con malversación.
Raül Romeva. Exconsejero de Relaciones Internacionales, está acusado de rebelión agravada con malversación.

El informe de los letrados del Senado que servirá de base a la Mesa para decidir la suspensión del senador de ERC Raül Romeva considera «indudable» que al parlamentario se le puede aplicar el mismo artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que permitió suspender a los cuatro diputados catalanes presos.

El dictamen concluye que la eventual suspensión del senador en prisión preventiva no puede efectuarse al amparo de los artículos del Reglamento del Senado referidos a la tramitación de suplicatorio, y que debería hacerse en atención al artículo 384 bis de la Lecrim, el cual «determina su suspensión 'ex lege' en el ejercicio del cargo público de senador», informa Efe.

Una argumentación similar a la que siguieron los servicios jurídicos del Congreso a la hora de analizar la situación de los diputados Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez, igualmente juzgados por rebelión en la causa del «procés» y finalmente suspendidos por la Mesa de esa institución.

Y ello porque el Tribunal Supremo no ha tramitado el suplicatorio contra Raül Romeva, elegido senador ya en la fase de juicio oral, de manera que la Cámara «no dispondría, desde la perspectiva formal y garantista exigible frente a una actuación que limita un derecho fundamental, de los elementos de juicio imprescindibles para dar el siguiente paso».

En cambio, los letrados del Senado opinan que al haber sido procesado por rebelión y continuar en prisión preventiva «la consecuencia automática es que continúa siéndole plenamente aplicable la previsión contenida en el artículo 384 bis de la Lecrim, como tiene declarado el magistrado instructor de la causa».

Señala este precepto: «Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión».

Hace hincapié el informe en que aunque la suspensión se aplica a los cargos públicos «que estaban desempeñando», si el cargo se ha obtenido «de forma sobrevenida», como es el caso de Romeva, «la conclusión debe ser la misma: la suspensión en el ejercicio del cargo público».

En suma, los letrados determinan que «reunidos los requisitos» exigidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal «cabe afirmar que el señor Romeva, por aplicación automática, 'ex lege', de dicho precepto, se halla suspendido en los derechos y deberes del cargo de senador», el cual adquirió «con plenos efectos» en la sesión constitutiva del Senado del pasado 21 de mayo.

En consecuencia, lo que ahora tiene que hacer la Mesa, a la que los letrados ven «competente» para resolver la cuestión, es «determinar» los efectos de esa suspensión, en lo que se refiere a sus «derechos y deberes» como senador, los de índole económica y su repercusión en la composición de la Cámara a efectos de distribución de iniciativas y subvenciones.

La Mesa del Senado se reúne a mediodía para analizar la suspensión solicitada por el PP y Ciudadanos; para salir adelante deberá contar con el respaldo de los cuatro representantes del PSOE en el órgano de gobierno del Senado, donde los socialistas tienen mayoría absoluta.

Tendrán el seguro apoyo de los dos del PP, mientras no está claro que lo haga el PNV, que en el Congreso criticó la suspensión de los cuatro diputados independentistas.

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