La Mesa del Congreso suspende a los diputados presos con el apoyo del PSOE, PP y Cs

Francisco Balado Fontenla
Fran Balado MADRID | LA VOZ

ELECCIONES 2020

Chema Moya | EFE

Unidas Podemos se manifestó en contra. Meritxell Batet confirma la inhabilitación tras su tira y afloja con el Supremo y el informe favorable de los letrados.

24 may 2019 . Actualizado a las 21:09 h.

Fin a la partida de pimpón entre el Supremo y la presidencia del Congreso con la inhabilitación de los diputados independentistas presos como pelota. Este viernes, la nueva presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, confirmó la suspensión de Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez debido a su situación procesal, en prisión preventiva por su implicación en la declaración de independencia del Parlamento catalán de finales del 2017. En la deliberación de la Mesa del Congreso, reunida este viernes, los únicos que se han mostrado en contra de su suspensión han sido los dos miembros de Podemos, que según explicó Batet, han expresado su «desacuerdo» debido a la «premura» y a la «falta de tiempo» con la que se ha adoptado la decisión.

Lo cierto es que la inhabilitación estaba cantada. Tanto la Fiscalía como el alto tribunal no habían dejado ninguna duda al respecto, pero las formas en la política son muy importantes, y en este caso Batet no quiso que quedara ninguna sospecha de que ni ella ni el PSOE eran los promotores de dicha inhabilitación. Por ello, lleva toda la semana despejando balones hacia el Supremo y hacia los letrados de las Cortes, a los que ayer le solicitó un informe al respecto. Este viernes ha conocido su veredicto: la Ley de Enjuiciamiento criminal es muy clara y solo puede interpretarse que deben ser suspendidos. Una vez en su mano, por fin anunció que los cuatro diputados secesionistas no podrán participar ni en los debates ni en las votaciones que se celebren en la Cámara Baja, por lo que si las fuerzas independentistas quieren contar con esos cuatro escaños, deberán hacer correr las listas.

Ahora falta esperar a la reacción de ERC y Junts per Catalunya, que una vez más, se presumen claves para todas las votaciones que se celebren a lo largo de esta legislatura que acaba de echar a andar y ya se prevé repleta de curvas. La primera, nada menos que la de investidura del propio Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, prevista para finales de junio o principios de julio, y en la que necesitará la abstención de al menos un diputado independentista. O eso, o comprar el apoyo de Bildu.

Otra de las decisiones que debería adoptar la Mesa en su reunión de este viernes es la forma a la que afecta esta suspensión de los cuatro diputados a la hora de armar mayorías en la Cámara. Por ejemplo, si el umbral para conformar una mayoría absoluta seguirá estando en 176, o se reducirá de forma proporcional a estas cuatro suspensiones. Sin embargo, la Mesa ha decidido solicitar un nuevo dictamen a los servicios jurídicos de la Cámara, por lo que no habrá un desenlace hasta la próxima semana.

Se trata del segundo choque entre Ferraz y los secesionistas desde el 28A. El primero llegó con el bloqueo del PDECat y ERC en el parlamento autonómico al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, para que este fuese designado senador. 

A lo largo de todo este toma y daca entre la presidencia del Congreso y el Supremo, y a tan solo dos días de la celebración de las elecciones municipales, autonómicas y europeas, la oposición ha presionado a la presidenta del Congreso para que dejara de enredar y asumiera de una vez sus responsabilidades. «Si Batet hoy no suspende a los presos, estaría cometiendo un delito de prevaricación. Tiene una resolución del Tribunal Supremo que es clarísima», denunció este viernes el presidente del PP, Pablo Casado, en una entrevista en Cope. El dirigente popular no se mostró «sorprendido» por la actuación de la máxima responsable de la Cámara Baja, sobre la que recordó que en anteriores legislaturas quebró la disciplina de voto de su partido para apoyar la celebración de un referendo de autodeterminación en Cataluña.

Desde Ciudadanos se mostraron todavía más contundentes. La diputada Inés Arrimadas equiparó a Batet con Carme Forcadell, la expresidenta del Parlamento catalán acusada de saltarse la ley para permitir la declaración de independencia. «Cada día que Forcadell Batet permita que esos golpistas cobren un sueldo público, es un humillación a España», comentó en un acto de su partido en Valencia.

El PP, Cs y Vox expusieron que el artículo 21.2 del Reglamento del Congreso no está sujeto a ningún tipo de interpretación, y que establece claramente la suspensión en funciones de aquellos parlamentarios en situación de prisión preventiva.