El primer escalón democrático debe ser participativo

Los municipios pueden desplegar instrumentos de democracia directa que cuentan con encaje legal

Asamblea de presupuestos participativos de la Diputación de Lugo
Asamblea de presupuestos participativos de la Diputación de Lugo

redacción / la voz

Suele decir el regidor de un concello muy extenso de la Galicia rural que el alcalde tiene que tener buen oído y buenos interlocutores en las parroquias, pues en un municipio grande es muy difícil estar al tanto de todas las necesidades de los vecinos. Quizás esto sea el modelo de otros tiempos, pues pocos concellos se escaparán de la demanda cada vez más extendida entre sus habitantes para participar en la política municipal, más allá de esos plenos multitudinarios y broncos en los que se dirimen las mociones de censura, tan habituales en Galicia.

La participación ciudadana en la política municipal no es en absoluto una aportación de partidos como Podemos o las mareas, que la llevan como bandera. Ya hace mucho tiempo que hay municipios, de casi todo el espectro político, que han organizado y en algún caso consolidado experiencias participativas o de consulta. Es una pena que el artículo 140 de la Constitución solo desarrolle con claridad la participación ciudadana en los ayuntamientos a través de las elecciones, siempre cada cuatro años, algo que sin duda habrá que redefinir en una próxima reforma constitucional para acabar con el monopolio de la gobernanza municipal por parte de la clase política. También habrá que desvincular las consultas municipales de la normativa estatal sobre estos asuntos.

Las sociedades actuales, más proactivas social y políticamente, ya no resisten este paréntesis o apagón democrático entre elección y elección. Incluso en algunos modelos de organización territorial como el asturiano o el leonés se mantienen estructuras de toma de decisiones colectivas, como el de concejo abierto, reconocido en el corpus legislativo del Principado de Asturias y de un modo muy genérico por la propia Constitución. En él todos los vecinos de la parroquia o el pueblo son concejales de pleno derecho. Son fórmulas de participación que ya acumulan siglos de existencia, con mucha más solera por tanto que las actuales concejalías de participación.

El primer escalón de gobierno de los asuntos públicos no puede convertirse en un obstáculo, y menos en estos tiempos, pues cuanto mayor sea la proximidad del poder político a los ciudadanos más fácil debería ser articular su participación directa en las decisiones políticas.

De hecho, la ley de régimen local consagra estos derechos aunque en algunos casos apenas se hayan desarrollado. En esta normativa de 1986 ya está prevista la participación de la ciudadanía «en la gestión de los asuntos locales»; la petición de consultas o la formulación de iniciativas populares; o el acceso a la información pública (un primer acercamiento a la transparencia ya en aquellos años). Este es, por tanto, un primer escalafón para que sean los propios municipios -o las comunidades autónomas- los que desarrollen los instrumentos de participación en sus municipios. La propia Federación Española de Municipios de Provincias cuenta desde el 2005 con un modelo-guía para que los concellos puedan articular estos instrumentos.

Sin duda, las candidaturas que ganen los bastones de mando este domingo deberán tener en cuenta estas inquietudes legítimas de la sociedad civil.

 

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