Batet retrasa la suspensión de los cuatro diputados secesionistas presos y eleva la decisión al Supremo
ELECCIONES 2020
La Fiscalía pide que los inhabilite ya, pero la presidenta del Congreso expresa sus dudas
23 may 2019 . Actualizado a las 11:40 h.La suspensión de los políticos independentistas presos que han sido elegidos diputados se ha convertido en una patata caliente que se pasan mutuamente la nueva presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y el Tribunal Supremo. Aunque la decisión deja nulo espacio para el debate a la luz del reglamento de la Cámara y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establecen que cualquier diputado en prisión preventiva o procesado por un delito de rebelión debe ser suspendido de sus funciones, nadie parece querer asumirla. Mientras ese debate jurídico y político persiste, los cuatro presos juzgados por rebelión, que han adquirido la condición plena de diputados, mantienen sus derechos a solo tres días de que se celebren las elecciones municipales, autonómicas y europeas.
Se pasan la patata caliente
Pese a las peticiones del PP y de Ciudadanos, Batet eludió convocar la Mesa del Congreso para abordar el asunto y requirió el martes al Tribunal Supremo, sin consultar al resto de la Mesa, un informe en el que expresa sus «dudas» sobre la «posible aplicación» del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ese artículo dispone que, «firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión».
Pese a la claridad del texto, Batet se resiste a que la resolución parta de ella y aseguró que «la Mesa no va a tomar una decisión política sino estrictamente jurídica». El Supremo, sin embargo, trasladó la semana pasada que la decisión debe dictarla la Cámara legislativa en aplicación de su reglamento. Al escrito remitido por la presidenta del Congreso se une el que ha elevado al Supremo la propia Fiscalía, en el que insta a los magistrados que juzgan el caso del procés a comunicar a la Mesa del Congreso y también a la del Senado, donde el senador Raül Romeva se encuentra en la misma situación, «la concurrencia de los presupuestos que contempla el artículo 384 bis» y que, por tanto, «en el ejercicio de sus competencias procedan a la aplicación inmediata de la suspensión de sus funciones prevista en el referido precepto» y sin que medien «más trámites». El tribunal presidido por el juez Marchena no respondió ayer a este escrito, dado que continuó con el juicio, en donde los parlamentarios cambiaron el escaño por el banquillo de los acusados.
Audiencia real
El PSOE, y también Unidas Podemos, desean que sea la Justicia la que ordene la suspensión para presentarla como algo inevitable, ahorrándose así un conflicto con ERC. Pero también influye la certeza de que la decisión será recurrida al Tribunal de Estrasburgo, en donde el órgano que decida la medida será el encargado de defenderla. Batet se entrevistó ayer con el rey Felipe VI para comunicarle la constitución de la Cámara, pero no le informó de la composición del grupos, lo que retrasa el inicio de las consultas del jefe del Estado con los líderes políticos de cara a la investidura. Algo que aleja por ahora la posibilidad de que el monarca tuviera que recibir a Oriol Junqueras y a Jordi Sànchez, designados por sus grupos para esa misión, si la suspensión no se produce antes de que comience la ronda.
La presidenta del Congreso ha convocado para hoy una reunión de la Mesa en la que se tratará el asunto y en la que todos los grupos con representación en el órgano podrán expresar «su opinión», aunque no se tomará ninguna decisión hasta que se reciba la respuesta del Supremo.
La investidura de Sánchez, en manos de la decisión de los separatistas y de Coalición Canaria
La dilación en la suspensión de los cuatro diputados independentistas presos puede hacer que se llegue a las elecciones del próximo domingo sin que se haya decidido. Pero difícilmente podrá retrasarse hasta la votación de investidura, prevista para la primera semana de julio. Eso hace que la mayoría que necesite Pedro Sánchez para ser investido presidente del Gobierno dependa de la decisión que adopten los propios diputados independentistas. Oriol Junqueras, candidato a las elecciones europeas por ERC, abandonará con seguridad su escaño en el Congreso para asumir el del Europarlamento. Pero lo que harán los otros tres, de Junts per Catalunya, es una incógnita. Si mantienen su acta pese a la suspensión, en el Congreso habría solo 347 diputados con derecho a voto. Aunque para la mayoría absoluta seguirían requiriéndose 176 escaños, eso permitiría a Pedro Sánchez ser investido en segunda votación (en donde basta obtener más síes que noes) sin depender de ERC, siempre que lograra el apoyo del PSOE (123) Unidas Podemos (42), PNV (6), Compromís (1), Coalición Canaria (2) y Partido Regionalista de Cantabria (1), que suman 175, aunque de momento los canarios no están por la labor. Si por el contrario los tres diputados presos renunciaran a sus escaños, Sánchez necesitaría al menos la abstención de ERC.