Los desahucios desaparecen de la campaña, pese a que aún se producen tres al día en Galicia

La lucha contra los desalojos fue una de las principales banderas en la campaña del 2015

Movilización contra el desahucio de Aurelia Rey, en el 2013, en A Coruña
Movilización contra el desahucio de Aurelia Rey, en el 2013, en A Coruña

Redacción

La crisis provocó la expulsión de unas 1.800 familias gallegas de sus viviendas en el 2015. Dos años antes, el caso de una octogenaria a la que se quiso desalojar por retrasarse en el pago del alquiler, Aurelia Rey, se convirtió en símbolo contra los desahucios al reunir frente a su domicilio en A Coruña a políticos de casi todas las siglas.

La presión social contra los lanzamientos salpicó entonces los programas de los partidos para las municipales. La Marea Atlántica propuso un paquete de 25 medidas urgentes que estarían en marcha cumplidos los cien primeros días de gobierno. En el noveno punto se advertía de que «a vivenda é un dereito, non un negocio», por lo que anunciaba su renuncia a colaborar en cualquier desahucio y se comprometía a cancelar los saldos municipales en entidades financieras que «boten á xente da súa casa». En el programa de la campaña que culmina este domingo solo queda la segunda parte de aquella promesa, sin menciones a los desahucios.

Lo mismo hizo Compostela Aberta, que se planteó declarar a la capital gallega «libre de desafiuzamentos» y omite ahora cualquier referencia a ello.

Las mareas no fueron las únicas en colocar su rechazo a las ejecuciones hipotecarias en su programa. El PSOE llevó, en todos los municipios y comunidades, su intención de erradicar los desahucios.

Cuatro años después, Galicia registra algo más de tres desalojos al día, según los datos definitivos del Consejo General del Poder Judicial para el 2018. Las ejecuciones hipotecarias crecieron en todas las ciudades gallegas, salvo Lugo, entre el 2013 y el 2017. El número de desahucios se redujo en los dos últimos años en A Coruña, Ferrol, Lugo y Vigo, pero continuó creciendo en Santiago, Ourense y Pontevedra.

La cifra total de lanzamientos, incluyendo los relacionados con el impago del alquiler, también se ha incrementado en las siete grandes urbes. Solo se redujo en Lugo, Vigo y Ourense. El número de ejecuciones hipotecarias solicitadas en Galicia en el 2018, el último con datos disponibles, fue el más alto desde el 2015.

Pese a las intenciones mostradas en los programas de los partidos hace cuatro años, las posibilidades de la Administración local frente a un desahucio son limitadas. El lanzamiento se produce tras el incumplimiento de contrato entre el propietario del inmueble y el banco que le concedió la hipoteca. Por lo general, el papel del Ayuntamiento aquí es el de actuar como mediador entre ambas partes, por lo que tiene capacidad de retrasar el desahucio pero no de paralizarlo. La mayoría de formaciones que hace cuatro años apostaron en su programa por erradicar los desalojos, abogan ahora genéricamente por políticas que faciliten el acceso a la vivienda.

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