Remunicipalizar, la varita mágica de doble filo

El entusiasmo por la gestión pública directa puede generar más costes y poner en riesgo el equilibrio de las cuentas

Estación de tratamiento de agua potable en Ferrol
Estación de tratamiento de agua potable en Ferrol

redacción / la voz

Hay que dejar claro en primer lugar que no es lo mismo privatizar que externalizar, por mucho que algunos se empeñen en confundir los dos términos. Externalizar un servicio es encargar a una empresa privada que lo desarrolle mediante un régimen concesional, en cuyos pliegos de licitación se explicitan las condiciones en las que debe realizarlo. Los poderes públicos no solo tienen que imponer sus criterios de calidad en los contratos, sino que están obligados a vigilar su cumplimiento. Si la externalización se hace en estas condiciones, el servicio puede tener la misma o incluso mayor fiabilidad que la gestión directa pública. Privatizar es otra cosa: es vender y desentenderse. No obstante, es legítima la controversia sobre si hay ciertos servicios que estarían mejor en la esfera de la gestión pública para evitar someterlos a ciertos intereses empresariales.

El debate de la remunicipalización de los servicios -especialmente centrado en asuntos como el abastecimiento de agua- surgió por un lado por los casos de corrupción detectados -o al menos investigados- en contratos como los de la ORA, la grúa, el abastecimiento de agua o el saneamiento. La alianza ilegal e inmoral entre determinados políticos y empresarios puso bajo sospecha un buen número de concesiones municipales, no solo en Galicia, sino en todo el país. Buena parte de las mareas locales se propusieron como horizonte político remunicipalizar algunas de estas concesiones, para evitar que fueran el ecosistema donde se acomoda la corrupción municipal, entre otros objetivos. Pero el mandato terminó con movimientos muy tímidos y contados en esta dirección, o con sonoros fracasos por culpa de las millonarias indemnizaciones a las que se arriesgan los concellos cuando la rescisión de la concesión se judicializa. Los altos costes de personal de los servicios reasumidos pueden llegar a hipotecar las arcas municipales y suelen terminar enfriando ese ardor por demostrar que lo público puede ser tan o más eficiente que lo privado. Y la verdad es que hay informes que demuestran que la vuelta de la gestión del agua a manos totalmente públicas ha dado muy buenos resultados.

La Ley de Régimen Local, además, permite «dejar sin efecto la concesión antes de su vencimiento, si lo justificasen las circunstancias sobrevenidas de interés público». Pero hay que estudiar mucho las consecuencias de esta decisión, aunque también haya sentencias judiciales favorables a la remunicipalización. Para algunos alcaldes como Martiño Noriega, entusiasta de estos procesos, la clave de las dificultades está en que «cando decides recuperar servizos entras en colisión cos poderes fácticos, co sector privado».

Pero también es verdad que la financiación local se ha desacompasado de la cartera de servicios que ofrecen los ayuntamientos y, si se asumen más funciones o se reasumen otras, es probable que las arcas municipales entren en tensión. Es evidente que hay que remunicipalizar en caso de desidia clara de la concesionaria, pero desde el consistorio también se puede controlar la gestión privada haciendo un marcaje férreo a la calidad del servicio. Eso también es hacer política pública.

 

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