Cada vez más servicios, pero con una financiación obsoleta

Los municipios reclaman un nuevo régimen presupuestario y participar en la negociación del futuro modelo autonómico

Reunión entre representantes de la Xunta y de la Fegamp
Reunión entre representantes de la Xunta y de la Fegamp

redacción / lavoz

Un ejemplo reciente: la Xunta elabora una ley para controlar las masas arbóreas y arbustivas en entornos habitados de cara a prevenir incendios. Pues bien, finalmente fue una responsabilidad más que recayó en los concellos, que protestaron ardientemente por la falta de medios para asumir una empresa tan complicada como las franjas de seguridad antiincendios.

Los nuevos servicios que asumen los concellos, al margen de los que marca la ley como obligatorios dependiendo de su población, pueden surgir de la voluntariedad de los propios consistorios o, muy a menudo, de la legislación que emana de los parlamentos autonómicos. De ahí que el catálogo de servicios que prestan sea un cajón de sastre muy difícil de sistematizar, pues el propio modelo autonómico lo ha complicado.

De ahí que rediseñar la financiación de la administración municipal sea una tarea tan compleja. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) lleva años pidiendo un nuevo modelo de financiación local, reclamando incluso que se revise cada cinco años, precisamente por la asunción continua de nuevos servicios y prestaciones. La última reforma fue en el 2002.

La profesora universitaria Maite Vilalta Ferrer elaboró uno de los estudios más interesantes sobre la relación entre servicios y presupuestos municipales. Y ofrece una descripción muy ajustada para explicar esa creciente cartera de prestaciones: «Es la administración más próxima al ciudadano y la que percibe, quizás de una forma más inmediata, las demandas que van surgiendo en la sociedad». Esa posición privilegiada, pegada al terreno, para olfatear las necesidades de la ciudadanía puede quedar huérfana de presupuestos, especialmente en lo que respecta a las transferencias corrientes de instituciones de mayor rango, como el Estado, las comunidades autónomas o las diputaciones provinciales. Esto, junto con los impuestos y tasas propiamente locales, sirven para financiar el gasto municipal, situado en torno al 15 % del desembolso público total, nada que ver con otros países europeos donde las administraciones locales asumen amplias competencias en educación.

Alfredo García, presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) y alcalde socialista de O Barco, tiene claro dos cosas a este respecto: se precisa una nueva ley de régimen local con un sistema financiero renovado que sustituya al actual y que esté sincronizado con los servicios que actualmente prestan los concellos. Y, por otra parte, que el municipalismo sea tenido en cuenta cuando se negocie el nuevo sistema de financiación autonómica, «no vaya a ser que después no quede nada para nosotros o tengamos que conformarnos con las migajas». Alfredo García admite que muchos concellos asumieron servicios que inicialmente contaban con una subvención autonómica, «pero la ayuda se acaba y tienes que dar continuidad a ese servicio». Pone el ejemplo de los 25 concellos con conservatorios de grado medio, cuyo régimen de funcionamiento lo decide la Xunta, «pero lo tenemos que pagar nosotros». También cree que hay que dar una vuelta a la financiación de las diputaciones para responder a las necesidades de las provincias de Lugo y Ourense, más extensas y rurales.

 

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Cada vez más servicios, pero con una financiación obsoleta