Tras la burbuja inmobiliaria, la ordenación de los municipios debe basarse en el bienestar
14 may 2019 . Actualizado a las 05:00 h.La excesiva burocracia y rigidez de los planes urbanísticos, así como el cambio de mentalidad en las sociedades contemporáneas, ha suscitado un debate sobre cómo debe ser el nuevo urbanismo. El Gobierno central, con competencias muy limitadas en esta materia, ha bosquejado unos objetivos mínimos en la senda urbanística en los próximos años, donde los patrones de sostenibilidad definidos en la agenda 2030 tienen a las ciudades -también a las villas de tamaño medio- como los ecosistemas donde hay que aplicar con más eficiencia las nuevas pautas sostenibles. En pocas palabras, este nuevo horizonte urbano debería centrarse más en la calidad de vida de los ciudadanos que en el concepto de extensión de la ciudad y de previsiones de crecimiento que caracterizaron los planes desarrollistas durante el siglo XX y principios del XXI.
Almudena Fernández Carballal, profesora titular de Derecho Administrativo en la Universidade da Coruña y experta en derecho urbanístico, resume esta evolución en la visión de la ciudad «como derecho y no como negocio». O dicho de otra forma, superar la «mercantilización del suelo» que se vivió en las últimas décadas para apostar «por la sostenibilidad». La también directora de la spin-off de la UDC Ius Publicum Innovatio habla de garantizar el «derecho a la ciudad» como derecho colectivo, «para lo que hay que integrar las distintas políticas públicas con el fin de hacer efectivos los derechos sociales que reconoce la Constitución».
A los problemas de excesiva burocracia de los planes de ordenación hay que sumar el choque que a menudo se produce con las reclamaciones judiciales de la sociedad civil, que en algunos casos llevaron a anular planes urbanísticos muy relevantes, como el de Vigo, la ciudad más poblada de Galicia.
Ya a principios de este siglo, el prestigioso urbanista Antonio Font y otros expertos en este campo vieron claramente la necesidad de este cambio de paradigma. Entonces se hablaba de la crisis del planeamiento, que describía de la siguiente manera: «La creciente ineficacia del planeamiento urbanístico, su continua modificación, el relajamiento en su aplicación... abonan la actual sensación de crisis en su credibilidad». Esta evolución debería tener en cuenta el cambio de territorialidad que han experimentado las nuevas ciudades, donde se ha producido una «explosión» que provocó su dispersión más allá de los antiguos cinturones de la ciudad compacta, ya superada. Proponía que los municipios desarrollaran planes «de estructura» a largo plazo (con al menos diez o quince años de vigencia) y otros operativos que tuvieran como referencia el mandato de cuatro años. Se trata de que la planificación de la ciudad no dependa tanto de los ritmos políticos y de preocuparse también por rehabilitar los barrios ya consolidados.
Muchos de los objetivos de la Comisión Europea y del Gobierno central para incrementar la calidad de vida en las ciudades en términos de salud y bienestar ya están previstos en las leyes gallegas, tanto en la Lei do Solo como en la de Ordenación do Territorio que ahora está siendo revisada. Solo falta la voluntad política de aplicar en el ámbito municipal lo que ya está previsto en las leyes.