Carmen Calvo, Meritxell Batet y Margarita Robles, principales aspirantes a la presidencia del Congreso

El PSOE no se plantea en nigún caso ceder el cargo a Unidas Podemos aunque necesita el apoyo de la formación morada, que no descarta reclamar el puesto en las negociciones que dirigirán Adriana Lastra e Irene Montero


Madrid

Al contrario de lo que ocurrió en el año 2015, cuando el PSOE reclamó la presidencia del Congreso pese a la victoria el PP en las elecciones, y logró situar a Patxi López en el puesto, los socialistas no se plantean ahora en ningún caso ceder la presidencia de la cámara a otro grupo. Y tampoco utilizar ese cargo como moneda de cambio en la negociación con Unidas Podemos de cara a la formación de Gobierno que Sánchez quiere monocolor, frente a la apuesta de un Ejecutivo de coalición que le plantea Pablo Iglesias. El PSOE, sin embargo, no tiene garantizado su objetivo, ya que, con solo 123 escaños, para asegurarse la presidencia del Congreso en la votación que tendrá lugar el 21 de mayo, en plena campaña de las municipales, autonómicas y europeas, necesita sumar otros apoyos, ya que una hipotética alianza entre PP, Ciudadanos, Vox y Unión del Pueblo Navarro para presentar un candidato alternativo alcanzaría 149 votos.

Descartado un pacto exclusivamente con nacionalistas e independentistas, que complicaría sus opciones en las municipales y autonómicas del 26 de mayo, Sánchez necesita por tanto pactar con Unidas Podemos. Entre el PSOE y el partido morado suman 165 escaños. Pero parece complicado que la formación de Pablo Iglesias le entregue esa baza clave para controlar el Congreso a cambio de nada, y que además apoye también la investidura de Sánchez renunciando a entrar en el Gobierno. Algo que augura una dura negociación.

Pese a todo, el PSOE quiere despejar rápidamente cualquier especulación y ha empezado a hacer circular nombres de posibles aspirantes, todas mujeres, a la presidencia del Congreso. La más citada es la actual vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, aunque la número dos de Ejecutivo no oculte su deseo de permanecer en la Moncloa con la misma responsabilidad. Situar a Calvo en la presidencia el Congreso ahorraría a Sánchez los problemas de coordinación que han surgido en la pasada legislatura entre la vicepresidenta y el jefe de gabinete del líder socialista, Iván Redondo, con el que la diputada andaluza ha tenido no pocas fricciones.

Otras de las aspirantes a presidir el Congreso son la ministra de Administración Territorial, Meritxell Batet, lo que supondría un guiño hacia los independentistas catalanes, o la titular de Defensa, Margarita Robles, una opción casi contraria la anterior y que sería mejor vista por el PP y Ciudadanos.

Los cuatro principales partidos, PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos tendrían garantizados con su número de escaños dos puestos cada uno en la Mesa del Congreso, pero en función de las alianzas que se produzcan esa situación podría cambiar. De momento, lo único cierto es que tanto el PSOE como Unidas Podemos han designado ya a sus encargadas de tratar de forjar un acuerdo que sirva, además de para elegir a la presidenta del Congreso, para conformar el resto de cargos en la Mesa de la Cámara Baja. Por parte socialista, la negociadora será Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE, y por parte de Unidas Podemos las negociaciones las llevará Irene Montero, número dos de partido y ex portavoz parlamentaria, que no ha descartado que su grupo reclame la presidencia del Congreso y ha pedido «calma y paciencia con la negociación». Unidas Podemos es partidaria de excluir de la Mesa a Vox, aunque, según Montero, un pacto de Ciudadanos y el PP podría permitir que la formación de Santiago Abascal tuviera un representante.

El objetivo principal, al margen de que ambas fuerzas se planteen ceder puestos en la Mesa a formaciones que serán clave para formar una mayoría estable, como el PNV, a pesar de que los nacionalistas vascos cuentan solo con seis escaños, o a ERC, es garantizarse el control de este órgano para evitar que las iniciativas del Gobierno puedan ser paralizadas por una mayoría alternativa en la Mesa del Congreso, como ocurrió en la última legislatura, en donde PP y Ciudadanos tenían la mayoría en la Mesa a pesar de que el Gobierno estaba en manos del PSOE.

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