Las cesiones al País Vasco y a Cataluña agitan la campaña electoral en Galicia

El Gobierno descarta la transferencia de la AP-9 y solo se lo plantearía a largo plazo


Los distintos niveles de competencias entre Galicia y las otras dos nacionalidades históricas están agitando la campaña electoral, al cristalizarse la distinta respuesta que el Gobierno central ha dado a las demandas de transferencia de autopistas que le formularon los Ejecutivos vasco y gallego. Los primeros sumarán en breve la titularidad de la tercera autopista estatal en su territorio, como los catalanes tienen otras dos, mientras Galicia no ve resuelta su reclamación sobre la AP-9. La Xunta calificó ayer de «discriminatoria» dicha diferencia, mientras el Gobierno central lo niega, el PSdeG culpa de ese escenario al propio PP y el BNG se «indigna» por las repentinas facilidades dadas al País Vasco y clama por estar en el nuevo Congreso para evitarlo.

Pero la decisión del Gobierno de transferir la autopista AP-68 vasca como contrapartida al apoyo del PNV a la convalidación de los decretos leyes de Pedro Sánchez, no va a modificar en nada la negativa del Ejecutivo a transferir a Galicia la AP-9, pese a que esta ha sido reclamada por unanimidad en tres ocasiones por el Parlamento gallego y con el voto a favor del PSdeG. Fuentes del Gobierno confirmaron a La Voz que el traspaso de la AP-68 al Ejecutivo de Vitoria quedará resuelto antes de las elecciones.

A la pregunta de si esa decisión podría suponer un cambio de criterio en la negativa del Ejecutivo a transferir a Galicia la AP-9, una autopista de la misma generación y que, a diferencia de la AP-68, transcurre solo por una comunidad, desde Moncloa responden que no se ha contemplado esa posibilidad, por lo que el vial seguirá bajo competencia de la Administración del Estado.

Viales alternativos

El secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Julián López, precisaba más tarde, también a este periódico, que «a largo plazo, y solo desde criterios técnicos, una vez que se aborden las alternativas posibles, como hacer alguna infraestructura alternativa que permitiese despojar a la AP-9 de su condición de vía de interés general, se podría abordar el traspaso de la autopista a la Xunta».

López no compromete ninguna fecha y Fomento emitió tras el Consejo de Ministros un comunicado en el que justifica la diferencia de criterio entre las peticiones de traspaso de la autopista vasca y la gallega. Así asegura que el País Vasco tiene competencias, en virtud de su Estatuto, para gestionar carreteras de la Red de Interés General del Estado y que Galicia «no dispone de las competencias necesarias» para hacerse cargo de la titularidad de la AP-9, por lo que «cualquier cambio que afecte a esta situación requiere, en primer lugar, su exclusión de las carreteras de la red de interés general».

Tanto el ministerio como su secretario general inciden en que es «el actual Gobierno el que ha abierto la posibilidad de transferir la Autopista AP-9 a la Xunta» al agilizar la tramitación de la proposición de ley presentada por el Parlamento Gallego «cuyo trámite estuvo paralizado por el anterior Gobierno» del PP.

Pese a que el PSOE levantó el veto que el gabinete de Rajoy impuso al debate sobre la transferencia de la AP-9, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya descartó oficialmente en febrero el traspaso a la Xunta en una respuesta parlamentaria. El Ejecutivo manifestó que «se considera oportuno mantener la AP-9 en la red de carreteras del Estado bajo la competencia de la Administración del Estado». Fomento esgrime que por ser ruta de tráfico internacional; servir de acceso a los principales pasos fronterizos y ser una vía de conexión con puertos y aeropuertos de interés general, no entiende conveniente dar el visto bueno a la transferencia a Galicia, circunstancias que también concurrían en los casos vascos y catalanes y que en cambio no ha frenado sus traspasos.

Esa diferencia es señalada por el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda. «Non teñen límite para usar arbitrariamente a lei. Ante dúas comunidades reclamando o mesmo, a tranferencia dunha autopista, o Goberno di que si ao País Vasco e di a Galicia que non». Rueda asegura que el Gobierno tiene la oportunidad de demostrar con hechos que no discrimina a Galicia traspasando ya la AP-9, pero a continuación relata otras decisiones que evidencia a su entender distinto trato y que afectan a una menor dotación de competencias a Galicia, como «un 20 % de investimento menos para Galicia»; las subidas exclusivas de peajes en la AP-9; falta de dotación para la policía gallega; impedimentos para poder usar el superávit de la comunidad o cambiar los usos de los nuevos juzgados reclamados.

El portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, subraya en cambio que la Xunta nunca ha pedido la transferencia de la AP-9 en la comisión mixta de Galicia y el Gobierno central y augura que lo aprobarán las nuevas Cortes.

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