La Fiscalía se querella contra Torra por no quitar los lazos

El presidente de la Generalitat ha retirado el lazo amarillo de la delegación catalana en Londres ante el requerimiento de la Junta Electoral Central, aunque lo cambiará por un cartel promocional de la fiesta de Sant Jordi

La Voz

La Fiscalía Superior de Justicia ha presentado una querella contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, por desobediencia al desoír la resolución de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos, así como las pancartas en apoyo de los políticos catalanes que están en prisión.

La querella, presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, acusa a Torra de desobedecer «conscientemente» la orden de la JEC cuando «deliberadamente» decidió mantener «simbología partidista» en edificios públicos de la Generalitat, incluso en aquellos casos en los que lo hizo «de forma encubierta».

Además, la Junta Electoral Central ha ordenado a Torra que retire antes de las 11.00 horas de este jueves el lazo amarillo que se exhibe en la delegación que la Generalitat de Cataluña tiene en Londres, informa Efe, un mandato que ya se ha acatado, puesto que el lazo ha sido retirado por la delegación catalana en Londres. No obstante, la portavoz de la oficina catalana, situada en el este de la capital, ha señalado que, en lugar de esta insignia, se colocará «en los próximos días» un cartel de promoción de la fiesta de Sant Jordi de este año, que se celebra también en el Reino Unido con actos de venta de libros y rosas.

La junta respondió con la orden de que fuese retirado este símbolo independentista a una reclamación presentada por Ciudadanos, que denunció que había un lazo amarillo pese a la prohibición expresa de la JEC, que el pasado 21 de marzo ordenó a los Mossos d'Esquadra retirar los símbolos independentistas de todos los edificios de la Generalitat, al margen de su ubicación, ante las próximas elecciones generales en España. El máximo intérprete de la normativa electoral concluye que el inmueble de Londres donde está ubicada la delegación del Govern de la Generalitat «debe entenderse comprendido dentro del ámbito del acuerdo de la JEC del pasado 21 de enero». Y añade que «la exigencia de neutralidad y la consiguiente prohibición de exhibir símbolos partidistas que dimana del artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General» incluye «expresamente» todo acto «organizado a financiado, directa o indirectamente por los poderes públicos».

Torra presenta la querella contra la Junta Electoral

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha presentado este miércoles la querella que había anunciado contra la Junta Electoral Central por presunta prevaricación, y ha replicado a la querella de la Fiscalía en su contra denunciando que en el Estado «la represión no para».

Torra ha anunciado su querella ante el Supremo contra la JEC por prohibir lazos amarillos en edificios públicos y a la vez ha valorado, a través de un comunicado, la querella que ha presentado contra él la Fiscalía Superior de Cataluña por desobedecer la orden del organismo electoral.

«Queda claro que la represión no para» y que el Estado «es incapaz de tolerar la discrepancia política», ha dicho Torra, quien ha prometido mantenerse «siempre firme en la defensa de los derechos civiles, sociales y nacionales», entre ellos «la libertad de expresión», que es «baluarte de la democracia», ha añadido.

Torra ha avanzado que, ante la querella de la Fiscalía, va a presentar los recursos y alegaciones pertinentes, aunque ha puntualizado: «Como en el caso del juicio al procés, no nos defenderemos de nada, sino que acusaremos al Estado de su involución democrática».

En cuanto a su querella contra la JEC, Torra ha indicado que si el Supremo la desestima, va a llevar el caso «hasta donde sea necesario». La querella es por una presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa por parte de los miembros de la JEC, quienes, según el texto, eran conocedores de que dictaban «una resolución no adecuada a derecho y, a sabiendas de que la misma resultaba imposible de acatar, decidieron adoptar tal decisión». La querella define la actuación de la JEC como «una persecución política en toda regla y, esta vez, mediante resoluciones administrativas limitativas de derechos fundamentales y de carácter eminentemente sancionador».

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