Marlaska ordena «identificar» bulos que puedan alterar la voluntad del votante

La Voz

ELECCIONES 23J

MIGUEL BERROCAL | EFE

Se pretende garantizar la transparencia y el funcionamiento del desarrollo de las elecciones, y se denunciarán los sistemas que pongan en jaque el derecho al voto libre e informado

19 jul 2023 . Actualizado a las 08:59 h.

El Ministerio del Interior ordena a los mandos de las fuerzas de Seguridad del Estado que vuelquen el esfuerzo de sus equipos en «identificar posibles campañas de desinformación para alterar la voluntad del votante durante las elecciones».

La orden, en un principio, fija que policías y guardias civiles «realizarán tareas de vigilancia y monitorización en las redes y sistemas de información acerca de objetivos, individuos y colectivos implicados en posibles actividades de carácter subversivo o delictivo, así como las herramientas de ataque que éstos puedan emplear». Con esto se intenta neutralizar ciberataques y, en concreto, la actividad de hackers apadrinados por países hostiles, como Rusia que puedan, por ejemplo, intentar boicotear el recuento del domingo.

El documento de Interior también encarga a los funcionarios la «prevención, reacción y coordinación», no solo «en materia de ciberseguridad», sino también en la «lucha contra la desinformación». Para ello, este ministerio decreta que los servicios policiales desarrollen «una vigilancia digital sobre fuentes abiertas y la deep web, que implicará la monitorización activa en fuentes abiertas (OSINT - Open Source Intelligence), y otras fuentes disponibles (CYBINT-Cyber Intelligence)» a fin de encontrar esas informaciones que, a criterio de los investigadores, sean supuestas fake news con la presunta intención de alterar el voto del elector. 

Los criterios de qué es un bulo o una fake news que fija Interior son muy poco concretos. Así, ordena denunciar como «campaña o incidente de desinformación» toda aquella que «pueda poner en cuestión la transparencia y el funcionamiento del desarrollo de las elecciones, así como poner en jaque el derecho al voto libre e informado y generando dudas sobre su legitimidad».