El Gobierno vuelve a advertir a los colegios concertados que «en ningún caso» podrán cobrar por enseñanzas obligatorias
EDUCACIÓN
Unidas Podemos asegura que el 90 % de estos centros cobran una cuota base mensual a las familias, que en Galicia rondarían una media de 38 euros
29 dic 2022 . Actualizado a las 11:57 h.El Gobierno ha recordado que la nueva Ley de Educación, la Lomloe, establece que «en ningún caso» los centros privados concertados podrán percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, ni imponer la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones.
Así lo ha manifestado el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria, recogida por Europa Press, a una pregunta del Grupo Parlamentario Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados. En ella consulta al Ministerio de Educación y Formación Profesional sobre si tiene constancia de que, según un estudio, el 90 % de los colegios concertados en España cobran una cuota base a las familias al mes.
El estudio, presentado el pasado mes de octubre por la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa) y la Asociación de Colegios Privados e Independientes (Cicae), asegura que la media de las cuotas base mensuales de los colegios concertados españoles van desde los 191 euros en Cataluña hasta los 38 euros en Aragón y Galicia.
En este contexto, el Gobierno ha destacado que, según está fijado en la ley, las administraciones educativas «dotarán a los centros de los recursos necesarios para hacer efectiva la gratuidad de las enseñanzas gratuitas y establecerán medidas para que la situación socioeconómica del alumnado no suponga una barrera para el acceso a las actividades complementarias y los servicios escolares».
Asimismo, la norma establece que las actividades complementarias que se consideren necesarias para el desarrollo del currículo «deberán programarse y realizarse de forma que no supongan discriminación por motivos económicos».
Dado que las competencias en Educación están transferidas a las comunidades autónomas, el Ejecutivo recuerda que corresponde a la inspección educativa de cada comunidad «velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones que afecten al sistema educativo, así como supervisar el funcionamiento de los centros educativos, la práctica docente y la función directiva». Y advierte de que si algún centro persiste en el cobro de cuotas, pese a los avisos, agotada la vía administrativa, «si procede, se puede recurrir a la vía jurisdiccional».