Juicio al alcalde pedáneo de Bembrive por contratar a dedo la Festa da Sidra: «Yo era novato, solo tengo segundo de bachillerato»
EDUCACIÓN
El acusado dice que los 150.000 euros pagados a la proveedora no eran fondos de la entidad local sino de los vecinos que lo ingresaban en su cuenta para reservar 7.000 cajas de sidra
09 nov 2022 . Actualizado a las 22:21 h.El alcalde pedáneo de la Entidad Local Menor de Bembrive desde el 2019, el músico Marcos Castro González, se ha declarado inocente esta mañana por un juicio por un delito de prevaricar en la Festa da Sidra. La Fiscalía pide 13 años de inhabilitación para cargo público porque dice que asignó a dedo los 150.000 euros para contratar a la empresa proveedora, Sidra Angelón, la misma que entrega las bebidas en los últimos 24 años, sin haber convocado un proceso de adjudicación o de licitación pública, como había recomendado la interventora de la entidad, que puso reparos a la operación.
La vista se ha celebrado en la mañana de este miércoles en la quinta sección de la Audiencia de Pontevedra, en sede en Vigo. El acusado alegó que «éramos novatos, hicimos lo que nos dijo la interventora, solo tengo segundo de bachillerato y el grado profesional de música. Pensé que hacía lo correcto, nunca creí que pasase esto, solo quería hacer un servicio».
Marcos Castro precisó que la Festa da Sidra, que se celebra en octubre, era la más importante de la entidad local menor y que los vecinos siempre compraban la sidra a la misma proveedora, por lo que cambiar de suministrador decepcionaría a muchos porque no era el artículo que pedían. Aclaró que esos fondos utilizados para pagar la bebida no pertenecían a la entidad local sino que procedían de los ingresos de los vecinos particulares que reservaban cajas de sidra, un total de 7.000 embalajes. «Pusimos los ingresos en la cuenta de la entidad para que todo quedase claro porque en años anteriores hubo un malestar muy grande porque algunos vecinos que se quedaron sin dinero y sin cajas», alegó en el juicio. La prueba es que muchos vecinos tienen recibos de haber pagado por reservar cuatro o cinco cajas para la fiesta. La reserva se abrió en agosto, tres meses antes.
La interventora declaró en el juicio que Castro le pidió consejo para hacer «todo legal» con la sidra y al ver la cuantía de la fiesta gastronómica de 150.000 euros, que excedía de los 115.000 euros, puso un reparo y le aconsejó hacer un proceso de licitación abierto porque la ley preveía que se siguiese un contrato administrativo sin fraccionar las facturas para evitar un enriquecimiento injusto de la empresa. «Él le empezó a dar vueltas», dijo la interventora, y le respondió que todos los años elegían a la misma empresa suministradora. La interventora le replicó que no era viable comprarle a la misma empresa sin hacer un expediente administrativo ni convocar un concurso. «Yo le expliqué cómo era el procedimiento administrativo», dice. La interventora equipara los ingresos de los vecinos a pagos de tarifas o tasas públicas.
Un miembro del tribunal le discutió a la interventora por qué consideraba que no podía celebrarse un contrato civil y no administrativo. «Una cosa es la compra de cajas de sidra y otra los ingresos, son cosas independientes del contrato. Es un precio público o una tarifa por la prestación de un servicio como el pago de una piscina o un campamento de Navidad», añadió. «El contrato es nulo y no genera derechos entre las partes. No está claro que se hubiese ofrecido la mejor relación calidad-precio», dice.
«Cuando tomó posesión el alcalde, les expliqué el ABC de los procedimientos administrativos y que él podía alzar el reparo, que yo misma redacté. Mi función es explicarle si él no sabe», testificó la interventora, que también es tesorera y secretaria de la entidad.
La defensa se pregunta si la entidad local tiene licencia para vender bebidas alcohólicas o refrescantes. «Yo entiendo que una entidad puede contratar bebidas para fiestas gastronómicas», contestó la interventora.
Un perito de la defensa aclaró que una entidad no puede dedicarse a la compraventa de bebidas y que lo que realmente ocurrió fue que la pedanía actuó a cuenta de otro, y su cuenta bancaria fue un «puente o cauce» para que los vecinos abonasen por adelantado sus reservas de sidra a la proveedora. «El error fue que las facturas van a nombre de la entidad local pero ella no es la titular sino la comisión de fiestas, que a su vez le pagó a la empresa suministradora», indicó. Rechazó que el pago de las cajas de sidra sea equivalente a un precio público, «no es como pagar diez euros por un certificado de nacimiento».
El perito indicó que la clave del juicio es que si la entidad local menor se dedicase a vender sidra, tendría que haber modificado y ampliado su presupuesto de Cultura, de 45.000 euros, para justificar la entrada de 150.000 euros con los que pagar la sidra. Todo eso pone en evidencia que la pedanía no había montado un negocio de venta de sidra, a lo cual no se dedica ninguna administración, sino que solo ejercía de intermediaria con los vecinos para que tuviesen un lugar seguro y fiable de pago de las cajas que reservaban.
Una vocal de Cultura insistió en que optaron por la misma empresa de sidra porque «los vecinos quieren esa sidra y no otra». Añade que, tras la denuncia del 2021, cambiaron de sistema y ahora los vecinos que encargan cajas las pagan en una cuenta de una nueva asociación creada para la ocasión.
La defensa confía en la absolución o en una importante rebaja de la pena pero, en caso de no ser así, Marcos Castro se convertiría en el segundo alcalde pedáneo de Bembrive condenado por un delito de prevaricación. Su antecesor en el cargo, Roberto Ballesteros, debe cumplir dos años y dos meses de cárcel por prevaricación, malversación y falsedad documental por pagar una obra que nunca fue ejecutada.