Los rectores de las universidades gallegas se decantan por la elección tradicional de su cargo

Paula Méndez / R. S.

EDUCACIÓN

Los rectores de las tres universidades gallegas el pasado mes de mayo en el Gaias
Los rectores de las tres universidades gallegas el pasado mes de mayo en el Gaias XOAN A. SOLER

Los centros de educación superior valoran positivamente la llegada de una ley adaptada al nuevo entorno y que apuesta por mejorar la financiación después de 20 años

18 sep 2021 . Actualizado a las 12:24 h.

La nueva ley de universidades está en camino. Tras la aprobación del anteproyecto en Consejo de Ministros el pasado martes, los rectores de las universidades gallegas se muestran optimistas y coinciden en reconocer la necesidad de este nuevo documento para adaptar la enseñanza superior a la nueva realidad —pues la anterior ley ya tiene 20 años— y hacer frente a los retos del futuro.

Uno de los principales cambios que propone el documento es que, partir de ahora, la duración de sus mandatos pasará de cuatro a seis años, sin posibilidad de reelección. A esto se le suma el hecho de que los candidatos a rector no tendrán que ser catedráticos. Manuel Reigosa, rector de la Universidade de Vigo (UVigo), confiesa que esta medida «personalmente no me preocupa y además me parece que, independientemente del nivel, uno puede hacer muy bien como rector sin ser catedrático». Aún así, recuerda que, desde la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), discrepaban: «Habiendo una carrera docente e investigadora que culmina en el puesto de catedrático, parecía que lo lógico fuera que el puesto de máximo representante estuviera restringido a dicha categoría».

Además, habrá dos fórmulas para la elección de la máxima autoridad universitaria: el método tradicional —por mayoría del Claustro— o por un órgano específico formado por profesores (50 %), alumnos (10 %) y trabajadores (10 %), más un 30 % de ciudadanos de reconocido prestigio ajenos a la universidad, que celebrará un concurso de méritos nacional. En este sentido, el rector de la UVigo confiesa que, en su caso, luchara por mantener el modelo tradicional en su universidad, pues defiende que se trata de una elección de naturaleza democrática que debería recaer en la comunidad universitaria.

Julio Abalde, rector de la Universidade da Coruña (UDC), comparte que la formula utilizada hasta ahora funciona y es más participativa, aunque recuerda que «en la ley están las dos opciones y son las universidades las que tienen que elegir», así como que, al final, «el problema de la gobernanza no es cómo se elige el rector, sino el equilibrio en la toma de decisiones en una estructura como lo es la universitaria, que tiene múltiples órganos de decisión también autónomos».

En cuanto a la financiación, la valoración general de la propuesta del Ministerio de Universidades es positiva, aunque su ejecución final depende de las comunidades autónomas. Antonio López, rector de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), recuerda que «todos los avances que se hagan en esta línea tienen que ser graduales, pero sí es una tendencia por la que debemos luchar». Coincidiendo con esta idea, el rector de la UDC cree que «es importante que, cuando nos piden tanta equiparación con los centros de educación superior del espacio europeo, también se nos ayude a tomar como referencia su modelo de financiación».

Los tres rectores coinciden en el esfuerzo de los centros gallegos por la igualdad de género, otra de las líneas fundamentales de la nueva ley. «La universidad pública española, y yo diría que incluso la europea, apuesta por la igualdad de oportunidades, pero siempre es bueno que quede recogido en una ley orgánica que lo convierta en algo obligatorio», reflexiona Manuel Reigosa. Por su parte, el rector de la USC, recuerda que «está bien que las leyes marquen líneas de actuación generales, pero a veces la solución de los problemas pasa por la ejecución». Por ello, señala que su «plan de igualdad se aprobó hace escasamente unos meses, pero todavía hay mucho trabajo por hacer, por ejemplo, para aumentar el ratio femenino en las carreras STEM y conseguir la igualdad efectiva en los niveles más altos de personal docente e investigador».