La FP, cuestión de Estado

El Ministerio de Educación y Formación Profesional celebró un foro para anunciar la nueva ley que unifica la parte educativa y del empleo de la FP

Práctica de frio industrial en FP en el CIFP As Mercedes, de Lugo
Práctica de frio industrial en FP en el CIFP As Mercedes, de Lugo

Redacción / La Voz

«Transformación del modelo productivo de España pasa necesariamente por la FP» y por eso «es un asunto de Estado». Lo dijo Isabel Celaá en el foro Una nueva ley para una nueva Formación Profesional (Proyecto de ley de ordenación del sistema de cualificaciones y de formación profesional)  que se celebró de forma telemática y abierto al público.

La ministra aludió a los tres retos que tiene que afrontar España y que involucran a la FP

  1. Que los trabajadores cuenten con una certificación de sus cualificaciones (en España hay 11 millones no disponen de un titulo de formación profesionalizante, que no no tienen acreditadas sus cualificaciones profesionales. Se espera que hasta el 2023 se certifiquen las capacidades de 3 millones de personas en España.
  2. Que cada persona pueda ser empleable, y que cada empresa pueda disponer de trabajadores con la formación que necesitan para ser competitiva. Hay un desequilibrio entre la cualificación y las necesidades del mercado. Hay que duplicar el porcentaje de personas con cualificaciones intermedias.
  3. La formación permanente, la recualificación y la especialización deben pasar a formar parte de la vida laboral de cualquier persona. España ocupa el puesto 61.º en horas de formación en la empresa según el Foro Económico Mundial.

En el 2002 se dividió la FP en dos partes: la educativa (los ciclos básicos, medios y superiores) y para el empleo (la cualificación, la especialización o el cambio). Ahora, España unifica las dos líneas, para evitar la duplicación de currículos, esfuerzos, profesorado o hasta centros de formación. Para ello, el ministerio de Isabel Celaá absorbe las competencias que en ese campo tenía hasta ahora el Ministerio de Trabajo.

Celaá anunció el inicio de los trabajos para la ley para una nueva FP, que va ligada al sistema de cualificación profesional. Regulará el conjunto del sistema, desde el inicio hasta la formación permanente de los trabajadores. Para que los ciudadanos puedan mandar opiniones se habilita un buzón que distribuirá las cuestiones en los grupos de trabajo temáticos con las administraciones, los interlocutores sociales y los centros educativos: gabinete.sgfp@educacion.gob.es

«Nuestro talento es la máxima riqueza del país»

El objetivo, dijo la ministra, es potenciar el talento de cada uno porque «nuestro talento es la máxima riqueza del país» y solo formándolo se puede garantizar un empleo de calidad, estable y garantía de éxito para el conjunto de España.

Galicia como ejemplo 

José Manuel Leis, director CIFP Politécnico de Santiago, ha sido el primero en intervenir en el foro, y ha apuntado una petición importante: «Tenemos unos recursos magníficos en los centros, el profesorado y personal en general. ¿Qué precisamos? una organización que nos permita dar respuesta a los retos y una dirección acorde con estas demandas, para la relación con las empresas, para facilitar las peticiones de los profesores, desarrollar proyectos de innovación. Y para eso deben tener mayores competencias y tienen que ser profesionalizadas, que no sean direcciones a tiempo parcial y con más voluntarismo que formación en técnicas de dirección». En Galicia, los centros integrados de FP (CIFP) tienen precisamente este tipo de direcciones, que funcionan muy bien y son clave para el éxito laboral de los alumnos del centro.

La principal fuente de talento

Gema Medrano, directora de Directivos y Gestión de Personas de Bankia, recordó que su empresa lleva participando en la FP dual desde el 2015 y en este tiempo reconoce que los alumnos son «la principal fuente de incorporación de talento». Ya suman 1.500 trabajadores de la compañía.

«Es una ley de oportunidades»

Clara Sanz, directora general de FP, cerró las intervenciones definiendo la norma como «una ley de oportunidades», que lleva la flexibilidad a la formación de los trabajadores desde muchos momentos vitales diferentes: para elegir la profesión que se desea (se amplían las plazas cada año), para estar atentos a las nuevas exigencias del mercado (con ciclos en materias punteras como big data), para cambiar de profesión si así se desea, para actualizar su perfil con cursos (ya sean de 500 o de 50 horas) y para certificar con un diploma aquellos conocimientos que uno ha ido adquiriendo con años de trabajo.

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