Los directores de colegios públicos de primaria califican de estéril el debate de las lenguas cooficiales

Aplauden la Lomloe, aunque hubiese preferido que se ampliase la edad obligatoria de escolarización a los 3 años

Imagen de archivo de Francisco Lires, presidente de los directivos de colegios públicos de primaria de Galicia
Imagen de archivo de Francisco Lires, presidente de los directivos de colegios públicos de primaria de Galicia

Redacción / La Voz

Los directivos de los colegios públicos de primaria de España (Fedeip) se reunieron telemáticamente esta semana y, además de destacar la seguridad de la vuelta al colegio en plena pandemia, analizaron la nueva ley de educación, la Lomloe (ley Celaá). En general, la opinión es positiva, aunque sobre las lenguas cooficiales creen que «se ha abierto un debate estéril que responde a motivos que no son meramente educativos, y que lo único importante es que se garantice en esas comunidades que todo el alumnado tiene un dominio por  igual de las dos lenguas cooficiales y competencia suficiente al menos en una lengua extranjera».

En cuanto a los aspectos positivos de la nueva ley, los directores de centros públicos  -que en Galicia están representados por la Federación de Directivos de Centros de Ensino Público (Fegadicep), que preside Francisco Lires- destacan: el refuerzo educativo de la etapa 0-3 años; la vuelta a la división en tres ciclos de la educación primaria; la introducción de la educación en valores cívicos y éticos y la eliminación de tener que ofertar una alternativa a la Religión y que la calificación en esta asignatura no se considere para calcular medias; la consideración de la repetición de curso como una medida muy excepcional; así como la realización de las evaluaciones de diagnóstico al final de las etapas educativas siempre que tengan carácter formativo e informativo y que no se utilicen para establecer clasificaciones de centros. También aplauden, ya en el aspecto organizativo, que se retire el concepto de «demanda social» en la planificación escolar, así como «la imposibilidad de que los centros concertados cobren cualquier tipo de cuotas o puedan llevar a cabo medidas segregacionistas».

Más recursos para absorber la educación especial

En referencia a los centros de educación especial, alertan de «la importancia de que los centros ordinarios estén realmente preparados por lo que respecta a recursos materiales, personales, organizativos y metodológicos, para poder atender adecuadamente al alumnado con necesidades especiales que lo precise y que se mantengan los centros específicos para aquellos casos que precisen de una atención muy especializada».

Lamentan que se haya «dejado pasar la oportunidad de considerar obligatoria con todas sus consecuencias la etapa 3-5 años». Y que aunque la ley «dedica el capítulo IV del título V a la dirección de los centros públicos», el texto «se limita a volver a mencionar una serie de competencias y regulaciones sobre los procesos de selección, nombramiento y cese de los equipos directivos, que siguen dejando en el aire el necesario establecimiento de un perfil profesional y su integración en la carrera docente de forma que se garantice la máxima calidad en la gestión de los centros educativos». Y finalmente, también lamentan que «la nueva ley no haya contando con el consenso social y político necesario que siempre hemos propuesto».

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