El Congreso de los Diputados acaba de aprobar de forma inicial la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Lomloe), conocida como ley Celaá, y lo hace con una votación ajustada aunque con la holgura de las abstenciones: 177 votos de apoyo (uno más del necesario) y 148 en contra ( PP, Cs y Vox, CC, la CUP, el cántabro PCR y UPN), además de 17 abstenciones, entre ellas la del BNG.
No ha habido novedades en las intervenciones en el debate de la Lomloe, que está ya en el pleno del Congreso para su aprobación inicial; el primer paso ha sido aceptar el dictamen de la comisión de Educación (una votación que se hará al final de la jornada). Hubo anuncio de abstenciones, pocas, como la de Tomás Guitarte (de Teruel Existe, quien agradeció el esfuerzo por la escuela rural en el articulado) o Albert Botran (CUP), pero sobre todo mucha polarización. Lo que dijo José María Mazón (PRC cántabro) de que la enmienda de la lengua generaba un conflicto innecesario («un paso más hacia la independencia», comentó), lo redondeó Sergio Sayas (UPN) calificando la Lomloe como una «ley de sectarismo» y un ataque a lo individual, además de un «un pago al radicalismo» y lo completaron Ciudadanos, PP y Vox con sus apreciaciones. Marta Martín (Cs) dijo que se politizaba la inspección, se mercadeaba con Bildu, ERC y el PNV, y anunció recursos ante la Comisión Europea y el Tribunal Constitucional por «todos los atropellos de una ley que es una auténtica barbaridad». Joaquín Robles (Vox) habló de «culminación de la degeneración» comenzada por la Logse, de una «exaltación confusa de la identidad sexual».
En frente, el PSOE defendiendo la ley como una derogación de la Lomce, y Unidas Podemos sacando pecho porque «la Lomloe entró como una ley de un ejecutivo monocolor y sale como norma de un gobierno de coalición», en palabras de Javier Sánchez.
