Aprobado en la comisión de educación el texto de la Ley Celáa con el apoyo de ERC y PNV

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EDUCACIÓN

Reunion de la comision de educación este viernes en el Congreso para debatir sobre la Ley Celáa
Reunion de la comision de educación este viernes en el Congreso para debatir sobre la Ley Celáa EUROPA PRESS (pool)

Se han sumado más de 300 enmiendas pero no la de Ciudadanos para blindar el castellano ni la de Podemos para recuperar la Ética en cuarto de ESO

13 nov 2020 . Actualizado a las 21:11 h.

La Comisión de Educación del Congreso ha aprobado este viernes su dictamen a la Lomloe o ley Celaá, incorporando cambios al texto inicial al sumar casi 350 enmiendas tras debatirse más de un millar en una larga sesión de más de nueve horas, que ha puesto de relieve las discrepancias entre los partidos de izquierdas y derechas.

El texto ha salido adelante con los votos de PSOE y Unidas Podemos, los dos partidos socios de Gobierno, pero también con el apoyo de ERC, PNV y Más País. La representante de EH Bildu, se ha ausentado de la sala antes de terminar la sesión, mientras que PP, Vox y Ciudadanos han votado en contra. De hecho, las tres formaciones avanzaron que pedirán al Tribunal Constitucional que decrete su ilegalidad por cuestiones relacionadas con el estatus del castellano y la educación concertada. El PP, que reclamó la dimisión de Celaá, aseguró incluso que tumbará la ley en cuanto cambie la actual correlación de fuerzas en el Parlamento.

La cuestión idiomática ha sido una de las más polémicas. De hecho, entre las enmiendas aceptadas no ha figurado una propuesta por Ciudadanos reclamando blindar el 25 % de la enseñanza en castellano.

Tampoco ha sido aceptada otra enmienda, en esta ocasión promovida por uno de los partidos del Gobierno, Unidas Podemos, que reclamaba recuperar la asignatura de Ética como obligatoria en 4.º de la ESO. La propuesta fue apoyada por PP y Vox, pero no por el PSOE que aludió a que en dicho curso existen ya demasiadas materias. Los socialistas ofrecieron a sus socios una transaccional fijando que dicha asignatura se estudiara «en algún curso de la etapa», pero no fue aceptada.

La norma, que aspira a convertirse en la octava ley educativa de la democracia, llegará el jueves al pleno del Congreso, donde aún se podrán aplicar cambios porque se mantienen algunas enmiendas «vivas». Por el momento, su contenido puede resumirse en estos 25 puntos.

CASTELLANO: deja de figurar como lengua vehicular de la enseñanza y como lengua oficial del Estado. Las administraciones garantizarán el derecho a recibir enseñanzas en castellano y en lenguas cooficiales para alcanzar un dominio pleno y equivalente.

EXENCIÓN DE EXAMINARSE DE LENGUAS COOFICIALES: en aquellas comunidades con más de una lengua oficial, el alumnado podrá estar exento de realizar la evaluación del área Lengua Propia y Literatura, tal y como solicitó el PNV.

RELIGIÓN: oferta obligatoria, elimina la obligación de cursar una materia alternativa y la nota no contará para procesos de acceso universitario o a becas.

VALORES CÍVICOS Y ÉTICOS: se estudiará en Primaria y Secundaria, con especial atención al respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia y a la igualdad.

CURRÍCULO: los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas fijados por el Ministerio no afectarán a más del 50 % de los horarios para las comunidades con lengua cooficial ni del 60 % para el resto.

REPETICIÓN DE CURSO: los alumnos pasarán de curso cuando el equipo docente lo considere y también con una o dos materias suspensas. Repetir será excepcional y el alumno solo podrá hacerlo dos veces como máximo a lo largo de Primaria y Secundaria.

SEPARACIÓN DE ALUMNOS POR GÉNERO: los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos no separarán al alumnado por su género.

EDUCACIÓN ESPECIAL: en diez años los centros ordinarios deberán tener recursos para atender alumnado con discapacidad. Las administraciones prestarán apoyo a los centros de Educación Especial para alumnos que requieren atención muy especializada.

ADMISIÓN DE ALUMNOS: cuando no existan plazas suficientes, la admisión en un centro se regirá por los criterios prioritarios de hermanos matriculados, proximidad y renta. Después, se tendrá en cuenta el ser familia numerosa u otras circunstancias.

COMISIONES DE ADMISIÓN: comisiones de admisión cuando la demanda de plazas supere la oferta. Velarán por la presencia equilibrada en centros con fondos públicos del alumnado con necesidad de apoyo educativo o desfavorecido, para evitar que se formen cetros gueto.

CONCERTADOS: elimina la «demanda social» para abrir nuevos centros o aumentar plazas. No podrán percibir cuotas de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito ni imponer aportaciones a fundaciones o asociaciones.

SUELO PÚBLICO: incremento progresivo de puestos escolares en la red pública. Los municipios cooperarán en la obtención de los solares necesarios para construir centros públicos.

PLAZAS EN INFANTIL: aumento de las plazas públicas de 0-3 años. Promover la existencia de centros públicos que incorporen Infantil con otras etapas educativas.

EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL: fomentar de manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, desde Primaria.

HISTORIA DE LA DEMOCRACIA: los alumnos deberán adquirir un conocimiento profundo de la historia de la democracia en España. Deberá plantearse desde una perspectiva de género.

IGUALDAD DE GÉNERO: impulsar el incremento de alumnas en ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, y promover la presencia de alumnado masculino en estudios con notoria mayor matrícula de mujeres.

DEFENSA DEL PLANETA: fortalecer las capacidades afectivas del alumno en sus relaciones con el planeta.

CERTIFICACIÓN EN SECUNDARIA: los alumnos recibirán al concluir ESO una certificación oficial con los años cursados y el nivel de las competencias.

BACHILLERATO: se podrá hacer en tres años y también se contempla la posibilidad de que el equipo docente decida la obtención del título por el alumno que haya superado las materias salvo una.

EDUCACIÓN DE ADULTOS: podrán incorporarse a la educación de adultos los mayores de 16 años con contrato laboral o deportistas de alto rendimiento.

ALUMNOS SIN CUALIFICACIÓN: las Administraciones podrán organizar programas formativos para mayores de 17 años sin cualificación, para permitirles un título de Formación Profesional o certificación académica.

INSPECTORES: la fase de concurso valorará la trayectoria profesional del candidato y sus méritos, mientras que la fase de oposición será una valoración de capacidades y no una prueba.

DIGITALIZACIÓN: desarrollo de la competencia digital de los estudiantes en todas las etapas educativas.

ESCUELA RURAL: se garantiza un puesto gratuito en Primaria en el propio municipio del alumno que, en el caso de trasladarse a la zona escolar más próxima, será minimizando el desplazamiento.

PLAN ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA: Educación y comunidades definirán un plan de contingencia para que continúe la actividad educativa en situaciones como la crisis del coronavirus.