Lazos naranjas contra la ley Celaá

Sara Carreira Piñeiro
Sara Carreira REDACCIÓN / LA VOZ

EDUCACIÓN

Foto de archivo del pasado mes de junio de una concentración ante el Congreso para protestar por la ley Celaá, con el fin de que se mantengan los centros de educación especial igual que ahora
Foto de archivo del pasado mes de junio de una concentración ante el Congreso para protestar por la ley Celaá, con el fin de que se mantengan los centros de educación especial igual que ahora EUROPA PRESS

La Plataforma Concertados anuncia concentraciones ante las delegaciones del Gobierno todos los martes, a las puertas de los colegios los miércoles y mucho ruido en las redes ante la aprobación de la Lomloe

04 nov 2020 . Actualizado a las 16:52 h.

Lazos naranjas en las redes sociales, en las solapas y hasta en las fachadas de los colegios concertados. La Plataforma Concertados quiere visualizar su descontento con la ley educativa que se está tramitando y que oficialmente se llama Lomloe pero es más conocida como ley Celaá.

Jesús Muñoz de Priego, abogado promotor de varias iniciativas sobre libertad de enseñanza, se encargó de presentar esta mañana las movilizaciones previstas a partir de la próxima semana y que irán modulándose en paralelo a la tramitación de la ley en el Congreso. Muñoz dejó claro su objetivo es paralizar la ley para que se firme un pacto y se genere una normativa de consenso. Pero si eso no es posible, se conforman con evitar que se apruebe de prisa y corriendo, sin oposición; que sea «una ley con sordina» y buscan que «el debate sea el máximo posible» para «concienciar a la sociedad y que tenga el mismo recorrido que tenga todas las leyes partidistas, que se implante lo más tarde y lo menos posible».

Entre las acciones que llevarán a cabo, destacan:

  • La puesta en marcha de una web: masplurales.es
  • La campaña en las redes sociales
  • Un manifiesto y recogida de firmas para llevar al Congreso de los Diputados
  • Protestas todos los miércoles a las puertas de los centros educativos (cuando termine la jornada escolar)
  • Concentraciones todos los martes ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno
  • Uso masivo del lazo naranja, incluso en las fachadas de los colegios
  • Alguna movilización en la calle que, debido a las restricciones del covid, puede ser por ejemplo desde el coche, algo que ya se hizo en La Rioja.

Jesús Muñoz señaló que el Gobierno quiere aprobar a toda prisa esta ley —«hay 1.168 enmiendas y van a razón de 250 por reunión»— y la plataforma quiere dar a conocer la oposición de toda la comunidad educativa de los centros privados y concertados, que son unos 9.300 en toda España, con 260.000 trabajadores y 4 millones de familias.

Explica que su movimiento está abierto a toda la sociedad, incluso a las familias que llevan a sus hijos a la enseñanza pública, porque la cuestión, explica Muñoz, es tener libertad de elección.

El colectivo critica por intervencionista y uniformizador el articulado que habla de la programación de las plazas educativas, y que deja de ser participada, como indica la Constitución, para ser unilateral. En este contexto está la eliminación del artículo 109 de la Lomce que habla de «demanda social» a la hora de programar la autorización de los centros educativos.

Un «comisario político» en los centros

Considera también que la figura de un concejal en los consejos escolares no tiene razón de ser en la escuela concertada: si en la pública parece lógico porque se construyen en suelo de todos, en la privada no ocurre así, por lo que la plataforma entiende que son solo comisarios políticos.

También se oponen la asignatura de valores cívicos que contempla la ley de forma obligatoria para todos los alumnos, y aunque el precedente de Educación para la Ciudadanía acabó contando con el visto bueno de Escuelas Católicas —después de pactar su contenido— Muñoz cree que «se convirtió en una asignatura de adoctrinamiento, de imposición de valores no consensuados por la sociedad ni elegido por los padres».

En la rueda de prensa evitó pronunciarse sobre las posibles críticas que colgar lazos de colores en las fachadas de los centros les pueden suponer (en comparación con los lazos amarillos de Cataluña, por ejemplo). Para el colectivo, los colegios tienen todo el derecho a hacerlo porque están absolutamente afectados por la ley.

Y en cuanto a los avisos de la ONU para que en España solo haya una línea de colegios —no dos, la ordinaria y la especial, ni siquiera en aulas dentro de la ordinaria— con el fin de garantizar la inclusión de todos los niños en la escuela, Muñoz explicó: «No estamos en contra de la inclusión, nuestro planteamiento es inclusión sí, especial también. Cuando los especialistas y las familias, que tienen mucho que decir, probablemente más que las administraciones publicas, nos dicen que es esencial tener estos centros, entendemos que debe ser así».