Pone en marcha una campaña bajo la etiqueta #StopLeyCelaá
15 ago 2021 . Actualizado a las 12:54 h.A los colegios concertados españoles no les gusta la nueva ley educativa que se está tramitando en el Congreso, la Lomloe. La consideran un ataque frontal a la libertad de elección de las familias a la hora de escoger colegios para sus hijos, y están dispuestos a dejarlo claro con una campaña de movilización, que presentan mañana vía telemática. Lo hace la Plataforma Concertados, en la que están las dos grandes patronales de la educación concertada -Escuelas Católicas y CECE- así como asociaciones de familias -Concapa (en Galicia la representan Congapa) y Cofapa-, así como los sindicatos FSIE y Feuso, además de otras organizaciones educativas.
La campaña lleva por título Más plurales, más libres, más iguales, aunque en las redes sociales, donde ha habido mucho movimiento durante todo el año, la que es conocida es su etiqueta #StopLeyCelaá.
A la campaña se suman las patronales gallega de Escolas Católicas y CECE, aunque por el momento no han concretado qué acciones van a emprender.
LA NUEVA LEY
Se denomina oficialmente Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Lomloe), pero es más conocida como ley Celaá, en alusión al nombre de la ministra que la impulsa. Básicamente se trata de una enmienda a la totalidad a la anterior normativa, la Lomce (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa), conocida a su vez como ley Wert en mención al ministro que la presentó.
La Plataforma Concertados anunciará mañana una batería de medidas para «informar verazmente a la comunidad educativa del contenido de la ley» y dar visibilidad a quienes se oponen a la misma, además de promover una movilización social «ante la vulneración de los derechos reconocidos en nuestra Constitución». Se refieren así al artículo 27 de la Carta Magna: «Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza» (punto 1) y «los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones» (punto 3). Sobre estos aspectos hay mucha polémica, en tanto para la propia ministra, Isabel Celaá, esto no quiere decir que tener colegios concertados sea un derecho constitucional, mientras que desde este colectivo se entiende que sí recoge la necesidad de que el Estado proporcione una educación gratuita a todas las familias según sus convicciones.
Uno de los puntos más conflictivos de la nueva ley -que es una corrección de la Lomce para acercar a la anterior normativa, la LOE- es la eliminación del artículo 109, en el que se dice que los poderes públicos deben diseñar la dotación de centros teniendo en cuenta «la demanda social». La ministra Celaá explicó que bajo esta «demanda social» en la Comunidad de Madrid se construyeron varios colegios privados en suelo público (gratis) incluso sin construir colegios del Estado; alegaban en ese momento que las familias «demandaban» los centros privados concertados.
LOMCE, ARTÍCULO 109.2
«Las Administraciones educativas programarán la oferta educativa de las enseñanzas que en esta Ley se declaran gratuitas, teniendo en cuenta la programación general de la enseñanza, las consignaciones presupuestarias existentes y el principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos y, como garantía de la calidad de la enseñanza, una adecuada y equilibrada escolarización de los alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo, tomando en consideración la oferta existente de centros públicos y privados concertados y la demanda social. Asimismo, las Administraciones educativas garantizarán la existencia de plazas suficientes».
Las protestas también aluden a que la «ley promueve la reducción progresiva del modelo de educación concertada y atenta contra la pluralidad del sistema educativo, que es clave en una sociedad democrática. Es una reforma que permite a la administración pública distribuir a los alumnos por centros reduciendo significativamente la elección de sus padres, un derecho avalado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos».
