La escuela concertada se moviliza contra la nueva norma educativa

Pone en marcha una campaña bajo la etiqueta #StopLeyCelaá

Uno de cada cuatro alumnos españoles está escolarizado en un centro concertado
Uno de cada cuatro alumnos españoles está escolarizado en un centro concertado

Redacción / La Voz

A los colegios concertados españoles no les gusta la nueva ley educativa que se está tramitando en el Congreso, la Lomloe. La consideran un ataque frontal a la libertad de elección de las familias a la hora de escoger colegios para sus hijos, y están dispuestos a dejarlo claro con una campaña de movilización, que presentan mañana vía telemática. Lo hace la Plataforma Concertados, en la que están las dos grandes patronales de la educación concertada -Escuelas Católicas y CECE- así como asociaciones de familias -Concapa (en Galicia la representan Congapa) y Cofapa-, así como los sindicatos FSIE y Feuso, además de otras organizaciones educativas.

La campaña lleva por título Más plurales, más libres, más iguales, aunque en las redes sociales, donde ha habido mucho movimiento durante todo el año, la que es conocida es su etiqueta #StopLeyCelaá.

A la campaña se suman las patronales gallega de Escolas Católicas y CECE, aunque por el momento no han concretado qué acciones van a emprender.

LA NUEVA LEY

Se denomina oficialmente Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Lomloe), pero es más conocida como ley Celaá, en alusión al nombre de la ministra que la impulsa. Básicamente se trata de una enmienda a la totalidad a la anterior normativa, la Lomce (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa), conocida a su vez como ley Wert en mención al ministro que la presentó.

La Plataforma Concertados anunciará mañana una batería de medidas para «informar verazmente a la comunidad educativa del contenido de la ley» y dar visibilidad a quienes se oponen a la misma, además de promover una movilización social «ante la vulneración de los derechos reconocidos en nuestra Constitución». Se refieren así al artículo 27 de la Carta Magna: «Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza» (punto 1) y «los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones» (punto 3). Sobre estos aspectos hay mucha polémica, en tanto para la propia ministra, Isabel Celaá, esto no quiere decir que tener colegios concertados sea un derecho constitucional, mientras que desde este colectivo se entiende que sí recoge la necesidad de que el Estado proporcione una educación gratuita a todas las familias según sus convicciones.

Uno de los puntos más conflictivos de la nueva ley -que es una corrección de la Lomce para acercar a la anterior normativa, la LOE- es la eliminación del artículo 109, en el que se dice que los poderes públicos deben diseñar la dotación de centros teniendo en cuenta «la demanda social». La ministra Celaá explicó que bajo esta «demanda social» en la Comunidad de Madrid se construyeron varios colegios privados en suelo público (gratis) incluso sin construir colegios del Estado; alegaban en ese momento que las familias «demandaban» los centros privados concertados. 

LOMCE, ARTÍCULO 109.2

«Las Administraciones educativas programarán la oferta educativa de las enseñanzas que en esta Ley se declaran gratuitas, teniendo en cuenta la programación general de la enseñanza, las consignaciones presupuestarias existentes y el principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos y, como garantía de la calidad de la enseñanza, una adecuada y equilibrada escolarización de los alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo, tomando en consideración la oferta existente de centros públicos y privados concertados y la demanda social. Asimismo, las Administraciones educativas garantizarán la existencia de plazas suficientes». 

Las protestas también aluden a que la «ley promueve la reducción progresiva del modelo de educación concertada y atenta contra la pluralidad del sistema educativo, que es clave en una sociedad democrática. Es una reforma que permite a la administración pública distribuir a los alumnos por centros reduciendo significativamente la elección de sus padres, un derecho avalado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos».

Polémica en el congreso de Escuelas Católicas al negar Celaá que elegir centro sea un derecho constitucional

Sara Carreira
Isabel Celaá durante la inauguración del congreso de Escuelas Católicas
Isabel Celaá durante la inauguración del congreso de Escuelas Católicas

Los reproches van desde que ese no era el foro ni el momento para decir algo así hasta que es una declaración de la «izquierda radical»

La inauguración del congreso nacional de Escuelas Católicas por parte de la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, no fue ayer un mero trámite. La exconsejera vasca, que hasta ahora había mantenido una relación muy cordial y respetuosa con los centros concertados religiosos, aludió a una sentencia del Tribunal Constitucional para recordar que el derecho de las familias de elegir centro para sus hijos no emana del artículo 27 de la Carta Magna. Dijo algo que ha repetido en muchas ocasiones y que es eje en el discurso a favor de la escuela pública: cuando el artículo 27 habla de «libertad de enseñanza» no se refiere a que las familias puedan escoger colegio sino a que el profesor tiene libertad de cátedra para dar clase y a que se puedan abrir centros educativos. La garantía del punto 3 del citado artículo («el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones») se consigue con la política de conciertos, estable desde su puesta en marcha (recordó más tarde que la media estatal es que el 32,8 % del alumnado estaba matriculado en colegios concertados en 1992, el mismo porcentaje que en el curso pasado).

Seguir leyendo

Newsletter Educación

Recibe todas las semanas la información más relevante sobre educación

Votación
8 votos
Tags
Comentarios

La escuela concertada se moviliza contra la nueva norma educativa