La Unesco señala la tasa de repetición española como una rareza entre los países ricos

La organización internacional aboga por la inclusión en centros ordinarios de todos los alumnos, incluso aquellos que hoy están en centros de educación especial

Las familias de los centros de educación especial se manifestaron el pasado día 23 de junio ante el Congreso para exigir el mantenimiento de los servicios
Las familias de los centros de educación especial se manifestaron el pasado día 23 de junio ante el Congreso para exigir el mantenimiento de los servicios

Redacción / La Voz

En el grupo de los países ricos del mundo, solo Luxemburgo y España tienen unas tasas de repetición que van contra una escuela equitativa. Lo dice la Unesco en su informe anual sobre educación, conocido como GEM Report (por las siglas en inglés de Global Education Monitoring Report Team) y que en este 2020 se dedica a la inclusión.

En primero y segundo de ESO, casi uno de cada diez alumnos tiene que repetir curso en estos dos países europeos, y repetir curso, dice la Unesco, tiene unos «efectos negativos sobre los aspectos socioemocionales, como una baja autoestima y un comportamiento alborotador, que deberían ser examinados». ¿Cuál es la alternativa? Permitir a casi todos los alumnos pasar con sus compañeros, pero con un potente programa de apoyo y refuerzo. Precisamente, esta parte es la que más preocupa al ministerio y a la consellería de cara al curso que viene, en el que apenas habrá repetidores.

Los hijos de familias acomodadas apenas repiten

No es que la Unesco esté a favor del aprobado general —reconoce que hay experiencias positivas y negativas en ese sentido— pero sí alerta de que la repetición tiene un claro sesgo socioeconómico. Frente a esto, la educación, dice el organismo de la ONU, tiene como misión «identificar el talento individual en todas sus formas y crear las condiciones para que florezca» al margen de las condiciones de los jóvenes.

Según las estadísticas que se barajan en el informe, de cada 100 niños en el mundo, diez pueden tener alguna discapacidad, 9 ser pobres, nueve necesitan apoyo educativo especial (por ejemplo, porque cambian de idioma), 9 pueden pertenecer al colectivo LGTBI, 7 pueden ser migrantes, desplazados internos o refugiados, 6 pertenecer a una minoría étnica, lingüística, religiosa o un grupo indígena, 15 vivir en zonas remotas, 16 pertenecer a una casta marginada, 10 pueden ser niñas, 9 pueden trabajar después del colegio y realmente, en el conjunto mundial, solo queda uno que no esté en ninguno de esos grupos. Es decir, ese 1% marca el desarrollo de la educación en todo el mundo.

Todos quiere decir todos

Por eso, la Unesco insiste en la inclusión, que supone diseñar una escuela en la que todos tengan cabida. Ese es el objetivo y mandato fundamental, pero a la vez polémico en España.

La Unesco tiene una visión global que en poco se parece a la realidad de Europa occidental (por ejemplo, alude a que el 17% de los niños no va a la escuela, un porcentaje totalmente impensable en la UE). Pero sí apunta cosas que pueden ocurrir aquí. Es el caso de la inclusión de alumnos con discapacidad.

Tradicionalmente, la tendencia es excluir de la educación a los niños con discapacidades o a segregarlos en escuelas especiales, o incluso ponerlos en clases separadas durante mucho tiempo o la mayor parte de él. La convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD) ha dado carta blanca a los gobiernos con respecto a las modalidades de la educación inclusiva, reconociendo implícitamente los obstáculos que se oponen a una inclusión plena.

En España, por ejemplo. El énfasis del Ministerio de Educación por la inclusión de todos los alumnos se ha enfrentado con las familias. Como explica el profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y experto en la materia, Gerardo Echeita: «No quiero que una familia sacrifique a su hijo en el altar de la equidad». Porque, añade, «no es lo mismo escolarización que inclusión». En Galicia se está generalizando la educación mixta: todos los alumnos están en el centro ordinario, que a su vez tiene un aula de educación especial a la que van en determinados momentos los alumnos. Es una buena solución intermedia, dicen los expertos, si esas aulas no se convierten en un «aparcamiento» de alumnos con discapacidades.

Desde el 2011 las familias tienen en España la última palabra sobre la educación de sus hijos. Pero la nueva ley (Lomloe o ley Celaá) indica en su disposición adicional cuarta que en diez años todos los alumnos con discapacidad intelectual deberían estar integrados en los centros ordinarios. Las familias y los propios centros se han movilizado en la plataforma «Educación Inclusiva sí, Especial también». Claro que para entonces, dice la ley, los centros ordinarios deben tener la infraestructura para acoger a estos alumnos, que suman unos 40.000. En Portugal se pasó de tener en centros especiales al 20% del alumnado a solo el 1% en menos de 25 años.

Las familias quieren que sus hijos con necesidades muy específicas reciban la atención que necesitan de profesionales cualificados, y sobre todo que compartir aula no signifique para ellos sufrir acoso escolar. El informe de la Unesco dice que uno de cada diez estudiantes españoles afirman sentirse «extraños» en sus colegios, una cifra altísima, aunque lejos sin embargo del 25 % registrado en Francia.

La Unesco apuesta claramente por la inclusión y anima a compartir experiencias y recursos para que la sociedad sea plural desde el primer minuto que en convivan personas con diferentes circunstancias, y eso es precisamente la escuela.

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