Celaá presenta a los consejeros de Educación su ley, y los populares le piden que retome el pacto

Anuncia que a principios de febrero la norma irá al Congreso con algunas de las aportaciones hechas en la sectorial de hoy

La conselleira Carmen Pomar (centro) en la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación, hoy en Madrid
La conselleira Carmen Pomar (centro) en la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación, hoy en Madrid

La ministra Isabel Celaá presentó a las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación su reforma de la Lomce, un encuentro muy importante porque al fin y al cabo son las administraciones regionales las que se encargan de gestionar la educación. Aunque Celaá contaba con el dictamen positivo del Consejo Escolar del Estado y la consejera de Navarra calificaba el tono de la reunión -de cuatro horas- de «conciliador» y de «debate a fondo», al final la propuesta del Gobierno no pudo contar con el apoyo de los cinco consejeros del PP, que pidieron que retirase la norma y reabriese las negociaciones para llegar a un pacto. Ni siquiera el hecho de que unos y otros declarasen contra la propuesta de Vox de devolver las competencias de educación al ministerio se tradujo en mayores acuerdos. Para los representantes de Castilla y León, Madrid, Murcia y La Rioja, además de Galicia, se trata de una normativa «del pasado, no del futuro». Aluden a que es una norma que corrige la Lomce y en muchos sentidos supone volver a la LOE.

La ministra Isabel Celaá sí salió satisfecha de la reunión. Desde el ministerio se incidía en que todo el proceso de esta ley, que se dio a conocer a principios de noviembre, Educación recibió 43.600 correos individuales «que hemos analizado en su totalidad», además de un segundo plazo con las aportaciones de 40 organizaciones sociales. También escuchó Celaá propuestas de los consejeros: la canaria Soledad Monzón (CC) pidió que la reforma tenga financiación, que regule el primer ciclo de infantil (de 0 a 3 años) y la carrera docente, además de que haya estabilidad legislativa y una subida del PIB del 5% para el 2022; el asturiano, Genaro Alonso (FSA-PSOE) abogó por más apoyo a la escuela rural y financiación de la educación de los 0 a 3 años; y el manchego Ángel Felpeto (PSOE) incidió en el abandono de los programas de apoyo y refuerzo del alumnado en 4º de la ESO.

«Galicia será unha colaboradora leal para todo o que implique mellorar a educación, pero non conten con nós para avalar unha lei que implica volver ao pasado», Carmen Pomar

Por su parte, la conselleira Carmen Pomar apostó por «construír un futuro educativo baseado na calidade, na liberdade e na equidade do sistema» y en ese contexto «Galicia será unha colaboradora leal para todo o que implique mellorar a educación, pero non conten con nós para avalar unha lei que implica volver ao pasado». También lamentó «o carácter puramente político dos cambios, que non afrontan as verdadeiras necesidades de reforma do sistema educativo», como es la carrera profesional docente o el impulso de la FP dual, por ejemplo.

La ministra quiso destacar tres aspectos de esta norma: el refuerzo de la educación infantil, la transversalidad de la coeducación y la personalización del aprendizaje. Los plazos que baraja Celaá son muy rápidos: la semana que viene estará el texto final listo, que contará con las 71 enmiendas realizadas por el Consejo Escolar del Estado y que los representantes del ministerio aprobaron o se abstuvieron, así como algunas de las aportaciones de los consejeros en la reunión de esta mañana); a principios de febrero se llevará al Congreso, sin esperar al informe del Consejo de Estado -aprobado ayer pero que no ha sido remitido- porque «no es preceptivo para esta ley» según dijo la ministra;

 Las características de la norma

Competencias autonómicas. Contra lo propuesto por Vox, la ley rcorta el poder del ministerio y establece que el 55% de los contenidos son competencia del Estado en las comunidades que, como Galicia, tienen lengua propia, y del 65% en aquellas donde solo está el castellano.

Sin itinerarios de la ESO. Siguiendo las recomendaciones de la OCDE, los alumnos no tienen que elegir un 4.º de ESO si van a la FP y otro si prefieren bachillerato; aunque en la Lomce la elección no era irreversible, era una forma clara de segregación por entorno socioeconómico.

Título de la ESO. Aunque un alumno haya necesitado programas de apoyo o cursase la FP básica, al fina si aprueba los cursos tendrá el título de ESO, lo que le permitirá ir directamente a FP de ciclo medio, por ejemplo. En la Lomce los alumnos con adaptación curricular quedaban en un limbo sin la secundaria y los de FP básica, solo lo tenían si el claustro así lo decidía.

Bachillerato flexible. Para que nadie deje de estudiar bachillerato, los estudiantes puede pasar a segundo con tres de primero, no hace falta repetir todo el año.

Menos repetidores. Es precisamente la repetición un asunto que preocupa al ministerio, ya que ronda el 30% del alumnado en 4.º de ESO. Ahora la repetición de un estudiante la tiene que decidir todo el equipo docente y deberá diseñar un plan individualizado que seguirá un profesor concreto.

Religión no académica. Los centros deberán ofrecer la materia de Religión, pero quienes no la elijan no tendrán que hacer una asignatura espejo, y para quienes la hagan la nota no contará para el expediente.

Valores cívicos y éticos. La materia que la Lomce consideraba alternativa a la Religión será ahora obligatoria para todos los alumnos.

Consejo escolar. El proyecto del Gobierno quiere restaurar la participación de toda la comunidad educativa en la planificación y gestión de los centros a través del Consejo Escolar, que la Lomce convirtió en un órgano asesor.

Evaluaciones de diagnóstico. Serán en 6.º de primaria y 4.º de ESO para todos los alumnos, pero con carácter plurianual. No tendrán validez académica.

Bilingüismo. Las comunidades decidirán cuántas hora de cada una de las lenguas, pero aceptando que todo el alumnado que termine la secundaria debe tener «el nivel adecuado para expresarse oralmente y por escrito en una y otra lengua».

Dictamen del Consejo Escolar del Estado

En este caso apoyó la propuesta de Celaá y, tras debatir más de 500 mociones -y rechazar casi el 80%-, dio el visto bueno a que sean las comunidades autónomas las que decidan qué porcentaje de castellano mínimo hay que dar en la educación obligatoria. Este punto era el más polémico y había sido rechazado por el dictamen preliminar de la comisión permanente, que, a petición de las familias de los colegios católicos Concapa (Congapa en Galicia) exigía que el Gobierno marcase el umbral mínimo en castellano. Lo que sí se incluye en el dictamen es la propuesta de los estudiantes de Canae para que los alumnos de 12 a 16 años evalúen anualmente a sus profesores, pero solo con carácter informativo; la gratuidad de los libros de texto y el apoyo a la escuela rural. 

Llegar al 5,5% del PIB

 El dictamen que el Consejo Escolar del Estado remitirá al Gobierno sí reclamará que la ley incluya el compromiso de que durante su periodo de aplicación (tres años) España alcanzará el 5,5% del PIB en gasto educativo, lo que supone elevarlo en 1,5 puntos sobre el actual e igualarlo con la media de la UE. Se trata del mismo compromiso que reclamó el PSOE en la oposición y que le llevó a abandonar el pacto educativo.

Nadie quiere devolver las competencias, o casi

En lo que sí parece que hay acuerdo es en ponerse frente a Vox. ni los consejeros del PP ni los del PSOE apoyan la devolución de las competencias de Educación al ministerio, como pretende la formación ultraderechista. Alberto Galiana (La Rioja, PP) recalcó que el asunto «tendrá que analizar el partido a nivel general», pero «desde luego, las comunidades aquí representadas defendemos que la gestión de la educación debe ser con moderación, con visión de Estado, y llevado desde las comunidades autónomas» Fernando Rey, por su parte, opinó que la condición de Vox «así planteada y al por mayor es un disparate». Hacía referencia a las condiciones planteadas por Vox para apoyar a Juan Manuel Moreno (PP) como candidato a presidir la Junta de Andalucía. Claro que los matices populares de reforzar el Estado sin quitar competencias -una propuesta del madrileño Rafael Van Grieken en referencia a la Alta Inspección, entre otras cosas- ha sido visto por los representantes del PSOE como «peticiones que van hacia atrás, que son retrógradas», según resumió la ministra. «Nuestra propuesta es constitucional y realmente lo que hace es amparar la España de las autonomías, ampara la Constitución, respeta la separación y la diversidad que tenemos en el Estado», dijo.

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