Un nuevo organismo perseguirá en Galicia los abusos con las bajas laborales de empresas y trabajadores

Xosé Vázquez Gago
Xosé Gago SANTIAGO

ECONOMÍA

El conselleiro de Emprego, José González, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
El conselleiro de Emprego, José González, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Sandra Alonso

Forma parte del plan de la Xunta, acordado con la CEG y UGT, para reducir las incapacidades temporales innecesarias

30 sep 2026 . Actualizado a las 18:15 h.

El plan de la Xunta para evitar bajas laborales innecesarias contará con un presupuesto de 45 millones de euros para el período 2027-2029. El proyecto, impulsado por la Consellería de Emprego, incluye 40 medidas, entre las que figuran ayudas económicas a autónomos y pymes para contratar sustitutos, la creación de la figura de coordinadores de reincorporación —para acompañar a los trabajadores que vuelven a su puesto— o unidades sanitarias específicas para problemas musculoesqueléticos o psicosociales, que causan la mayoría de las incapacidades laborales. También la creación de un dispositivo específico para hacer frente a posibles «abusos» de las incapacidades temporales por contingencia común.

El texto incluye entre esas conductas que el trabajador haga actividades incompatibles con las limitaciones que acreditarían la baja, que perciba prestaciones de forma indebida, o que falsifique partes o los obtenga de forma irregular. También cataloga como un abuso las actuaciones empresariales vinculadas a la situación de baja contrarias a la normativa, como la exigencia de trabajar, la presión para el alta, el incumplimiento de las obligaciones de cotización y otras similares «porque a defensa do sistema alcanza a todas as direccións nas que pode ser defraudado».

El organismo, su composición, régimen de funcionamiento y protocolos de actuación, se conformará a través de la nueva mesa gallega de coordinación operativa sobre incapacidad laboral, de la que formarán parte la Xunta, el Instituto Nacional de la Seguridad social, el Instituto Social de la Marina, las mútuas colaboradoras, el Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia y las organizaciones sindicales y empresariales participantes en la mesa de diálogo social de Galicia. 

Tras su aprobación este lunes en el Consello de la Xunta, el plan fue presentado por su presidente, Alfonso Rueda, y por el titular de Emprego, José González. Ambos destacaron que se trata de un documento «pioneiro», ya que ninguna otra comunidad cuenta con medidas similares.

El texto es producto del acuerdo alcanzado este verano por la Xunta con la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y el sindicato UGT. El plan obedece a la necesidad de «reducir as ausencias ao traballo que sexan evitables» y evitar «as prolongacións innecesarias». Porque Galicia, recordó González, ocupa «a segunda posición de España en ausencias ao traballo, o que ten un custe de 2.000 millóns de euros ao ano».

El plan, añadió, en ningún caso «pon en dúbida» el derecho de los trabajadores a cuidar su salud, las prestaciones que reciben en esos casos o el criterio clínico de los médicos. Antes, Rueda ya había insistido en que se trata de «mellorar o benestar dos traballadores, a xestión das baixas e o retorno á actividade laboral».

El plan tendrá como organismo técnicos de referencia el Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia y se centrará en primer lugar en combatir las causas evitables de la incapacidad temporal. «A mellor baixa é a que pode evitarse», dijo González. Se habilitarán ayudas destinadas a pymes y autónomos para la compra de equipamientos ergonómicos, tras una evaluación previa que justifique la necesidad de esas inversiones.

También se intensificará la prevención de las lesiones musculoesqueléticas y de los problemas psicosociales. Entre otras medidas, mediante la implantación de servicios de consulta voluntarios para los trabajadores.

Otra novedad serán las «axudas para que microempresas e autónomos contraten substitutos» durante incapacidades laborales de larga duración, explicó el conselleiro. El objetivo es que puedan mantener la actividad y facilitar la reincorporación.

Precisamente con ese objetivo se habilitará una de las principales novedades del plan: la creación de la figura de los coordinadores de reincorporación. Acompañará a los trabajadores solo cuando estos lo soliciten para facilitar la coordinación con la empresa y los servicios de prevención, con el fin último de que la vuelta al trabajo sea confortable y no se produzcan recaídas.

Los coordinadores no podrán accede a la historia clínica de los empleados ni interferir en las decisiones del personal sanitario.

En la misma línea se creará una Fiestra Única Galega de Saúde Laboral e Apoio á Reincorporación Saudable. Será un servicio público gratuito que ofrecerá desde diagnóstico preventivo hasta acompañamiento en el trámite de ayudas y formación en los procesos de reincorporación.

El plan de la Xunta no marca un objetivo concreto de reducción de bajas, explicó el conselleiro, sino que pretende mejorar las condiciones laborales, reducir la siniestralidad y promover el uso responsable del sistema de protección de los trabajadores.

Con ese fin incluye medidas como el envío de una carta, de carácter informativo, de derechos y deberes durante la incapacidad laboral y el dispositivo ya mencionado para combatir abusos.

El plan incluye además medidas de refuerzo sanitario que dan continuidad a las activadas en el 2024, orientadas tanto a agilizar los trámites como a facilitar las consultas y los sistemas de inspección. El inminente inicio de la reforma de atención primaria ampliará esas medidas.

Por otra parte, el documento incluye demandas al Gobierno central como «reforzar o persoal médico inspector» del Instituto Nacional de la Seguridad Social y activar «un plan de choque» para los procesos de incapacidad que superan los 365 días, que son competencia exclusiva del Estado y que «son os que máis repercusión teñen en Galicia», recordó el conselleiro de Emprego.

La gestión del plan se sustentará sobre la Mesa Galega de coordinación operativa, el Observatorio galego de benestar laboral e incapacidade temporal, y una comisión tripartita formada por la Xunta, la CEG y UGT, firmantes del acuerdo de agosto.