El Consejo de Seguridad Nuclear avala la prórroga de Almaraz y deja la decisión definitiva en manos del Gobierno
ECONOMÍA
El organismo regulador considera viable prolongar la actividad del plan hasta el 2030 y abre un nuevo pulso político sobre el calendario de cierre nuclear
16 jul 2026 . Actualizado a las 13:05 h.El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha despejado la principal incógnita técnica sobre el futuro de Almaraz. El pleno del organismo aprobó este jueves el dictamen favorable a la prolongación de la actividad de los dos reactores de la central extremeña hasta el 2030, tal y como habían solicitado en noviembre sus propietarias, Iberdrola, Endesa y Naturgy. El pronunciamiento, circunscrito exclusivamente al ámbito de la seguridad nuclear, no impone inversiones adicionales a las ya previstas en la última autorización de explotación. Aunque el dictamen no obliga al Ejecutivo a conceder la prórroga, elimina el principal obstáculo técnico para revisar el calendario de cierre acordado para el parque nuclear español.
La decisión traslada ahora toda la presión al Gobierno. Será el Ministerio para la Transición Ecológica el que deba decidir en las próximas semanas si autoriza la continuidad de Almaraz hasta el 2030 o mantiene las fechas actualmente previstas. Para formalizar la ampliación, el departamento que dirige Sara Aagesen tendrá que aprobar una nueva orden ministerial que modifique las fechas de cese vigentes.
El cierre del primer reactor, Almaraz I, está previsto para el 1 de noviembre del 2027, mientras que el segundo, Almaraz II, debería dejar de operar el 31 de octubre del 2028. Las eléctricas solicitaron que ambos grupos puedan continuar funcionando hasta 2030, lo que supondría una ampliación de tres años para la primera unidad y de dos para la segunda.
La petición fue finalmente respaldada por las tres propietarias, aunque Iberdrola, que controla el 53 % de la central, y Endesa, con un 36 %, eran partidarias inicialmente de solicitar una ampliación de diez años. Naturgy, que posee el 11 % restante, defendió una prórroga más limitada. Al estar constituida la central como una comunidad de bienes, cualquier decisión debía adoptarse por unanimidad.
El respaldo del regulador era el escenario que descontaba el sector. Los informes técnicos del propio CSN ya habían avalado anteriormente la operación segura de la instalación durante una década y las compañías defendían que un criterio diferente habría sido difícil de justificar desde el punto de vista regulatorio. Además, North Anna, una central tecnológicamente similar situada en Virginia, Estados Unidos, cuenta con autorización para operar hasta los 80 años.
La aprobación se produjo después de que el pleno previsto para la semana anterior quedara aplazado a petición de uno de sus miembros, que solicitó más tiempo para estudiar el expediente. Los estatutos del organismo permiten a cada consejero pedir hasta dos aplazamientos para analizar la documentación.
Aun así, el expediente entra ahora en su fase más incierta. El debate deja de ser técnico para convertirse en una decisión política y energética. Hasta ahora, el Ministerio para la Transición Ecológica ha defendido reiteradamente que el calendario vigente, que contempla el cierre escalonado de los siete reactores españoles entre el 2027 y el 2035, continúa siendo la hoja de ruta oficial.
Ese calendario forma parte del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y del protocolo acordado en el 2019 entre las eléctricas propietarias del parque nuclear y Enresa, la empresa pública responsable de la gestión de los residuos radiactivos. Almaraz es la primera central que debería cerrar de acuerdo con ese plan, por lo que cualquier modificación podría sentar un precedente para el resto de las instalaciones.
La ministra Sara Aagesen ha evitado durante el último año comprometerse públicamente con la prórroga y ha insistido en que cualquier decisión debe respetar el procedimiento legal, apoyarse en los informes técnicos y tener en cuenta la planificación energética del país.
La continuidad de Almaraz también ha estado vinculada al debate sobre la fiscalidad nuclear. Iberdrola y Endesa habían reclamado una rebaja de los tributos que soportan estas instalaciones, especialmente el impuesto sobre el combustible nuclear gastado, pero terminaron presentando la solicitud de prórroga sin condicionar su petición a una reducción fiscal, considerada una línea roja por el Ministerio.
El Gobierno sí ha anunciado la desaparición progresiva, hasta finales del 2027, del impuesto del 7 % sobre el valor de la producción eléctrica, aunque este gravamen afecta a todas las tecnologías de generación y no constituía la principal reivindicación de las compañías nucleares.