El Gobierno recurrirá al «decretazo» para lanzar medidas esenciales de su agenda económica
ECONOMÍA
Ante la falta de apoyos, activa otras vías que no requieren el aval del Congreso para sacar adelante el blindaje del salario mínimo o las altas laborales progresivas
01 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.El Gobierno está atado de pies y manos por un Parlamento cada vez más fragmentado y tensionado. Sin embargo, el presidente, Pedro Sánchez, no quiere dar señales de debilidad, agotamiento y parálisis en el terreno económico y, por eso, su intención es sacar toda la artillería para demostrar que, pese a todo, sigue gobernando. Esta es la orden que han recibido para este año los ministros: poner en marcha todas las medidas pendientes que puedan ver la luz sin necesidad del respaldo del Congreso. Es decir, a través de reales decretos, tal y como ha hecho esta misma semana con la regularización extraordinaria de más de medio millón de inmigrantes o como hizo con el real decreto ley antiapagón que, tras recibir el «no» de la Cámara baja, fue troceado para que algunas de las reformas que contenía pudieran ser aprobadas con distintas fórmulas parlamentarias.
Frente a eso, aún hay muchas promesas económicas que están en el horno cocinándose para aprobarse más pronto que tarde, como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y su nueva regulación para que no pueda ser absorbida por los complementos salariales, el registro de jornada, la jubilación flexible, las altas progresivas. Sin embargo, otras como las nuevas cotizaciones de los autónomos, la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, el Estatuto del Becario o la pasarela al RETA para los mutualistas tendrán serias dificultades para conseguir el aval del Parlamento.
Nuevo salario mínimo
El Gobierno subirá el salario mínimo (SMI), con efecto retroactivo desde enero, un 3,1% hasta los 1.221 euros al mes en 14 pagas, lo que supondrá un incremento de 570 euros anuales. A diferencia de la guerra que estalló el año pasado entre Yolanda Díaz y María Jesús Montero, esta vez no ha existido debate interno dentro del Ejecutivo y ha habido consenso, tanto en el porcentaje como en la decisión de que siga libre de impuestos, al no exigir que tribute en el IRPF. Así se aprobará en las próximas semanas a través de un real decreto, que el Ministerio de Trabajo ha pactado con los sindicatos pero que se topa con el rechazo frontal de la patronal.
Yolanda Díaz también tiene intención de sortear al Congreso y llevar por real decreto cambios en la norma del salario mínimo que impedirán que determinados complementos salariales (como el de peligrosidad, nocturnidad, ayudas al transporte o al vestuario) se diluyan o rebajen al ser absorbidos por la subida. Así se ha comprometido con los sindicatos, pero la patronal advierte de que, de ver la luz, lo recurrirá en los tribunales, puesto que considera que esto ha de plasmarse a través de una ley y no mediante modificaciones en el reglamento.
Registro de jornada
El fracaso de la reducción de jornada en el Congreso que tanto daño hizo al Gobierno motivó un giro inmediato en el guion: cuando no habían pasado ni 24 horas del naufragio de la medida estrella del Ejecutivo para esta legislatura, Díaz inició los trámites para desgajar de esta ley el endurecimiento del registro horario y aprobarlo de forma exprés; una medida que asusta más a las empresas que el propio recorte de jornada, al obligar a fichar de forma digital (y no manual), así como especificar si las horas son ordinarias o extraordinarias y precisar cómo se compensan las extras. Lo hace a través de un reglamento que previsiblemente recibirá la aprobación definitiva en las próximas semanas en el Consejo de Ministros, sin pasar por el Parlamento, aunque la CEOE ha advertido de que también lo recurrirá en los tribunales.
Jubilación flexible
El Gobierno tiene entre manos una importante reforma que afectará a la mayor parte de los trabajadores: los cambios en la jubilación flexible, una medida pendiente que se acordó dentro de la reforma de las pensiones y que ya va con retraso, pese a que tampoco necesitará pasar por el Congreso, dado que se aprobará vía real decreto.
El Ministerio de Seguridad Social tiene intención de retomar una negociación que estaba ya bastante avanzada y que incrementará la pensión de los jubilados que vuelvan a trabajar, además de rebajar los requisitos para acceder a esa compatibilidad, según la última propuesta encima de la mesa. El objetivo: incrementar de forma significativa el número de personas que se reenganchan al mercado laboral una vez han dado el paso de ser pensionistas y que por primera vez se abre al colectivo de autónomos.
Altas progresivas
Mucho más verde está otra iniciativa que tampoco tiene que pasar por el Congreso y cuenta con el rechazo de los agentes sociales: la incapacidad temporal para frenar el bum de bajas laborales. Incluirá la puesta en marcha de la figura de las altas progresivas para permitir a los trabajadores una incorporación paulatina a la actividad y no de golpe, a media jornada. Eso sí, esta modalidad estaría acotada a determinadas patologías: enfermos de cáncer, de corazón, trasplantados o víctimas de ictus o accidentes traumatológicos graves podrían acogerse si llevan al menos un año de baja y por un máximo de 30 días.
Nuevo plus de maternidad
La nueva sentencia de Europa -del pasado mayo- obliga al Gobierno a rediseñar de nuevo el complemento para la reducción de la brecha de género, un plus para premiar a las madres y recortar la diferencia que les separa de los hombres en la cuantía de la jubilación, a fin de no discriminar a los varones.
La propuesta de Seguridad Social lanzada en octubre -que enfadó a los sindicatos- impone una serie de requisitos para acceder a esta ayuda que, en la práctica, implica que dejará de ser universal para todas las madres (o padres). Es decir, reduciría el número de beneficiarios, aunque previsiblemente este texto no será el definitivo.
Estatuto del becario
Tras más de dos años en la nevera desde que se alcanzó un acuerdo con los sindicatos, el Consejo de Ministros aprobó en noviembre pasado el anteproyecto de ley del Estatuto de las Personas en Formación Práctica no Laboral en el Ámbito de la Empresa, conocido popularmente como el Estatuto del becario. A un paso de que la iniciativa -que establecerá una serie de derechos para estos trabajadores en formación- reciba la luz verde por parte del Ejecutivo en segunda ronda antes de ir al Congreso, el proyecto recibió recientemente un varapalo del Consejo Económico y Social (CES), al constatar la falta de consenso entre las organizaciones representadas. La institución fue especialmente dura en el análisis económico del plan y en el impacto real sobre las pequeñas y medianas empresas, lo que complica su aprobado parlamentario por la sensibilidad de un socio clave como Junts hacia este colectivo (pymes).
Reforma del despido
Trabajo persiste en su intención de reformar la indemnización por despido improcedente para que se ajuste a la Carta Social Europea, que el actual Ejecutivo de coalición ratificó en el 2021 y se comprometió a cumplir. Aunque ya en el 2024 el ministerio de Díaz anunció una mesa de diálogo con los agentes sociales para abordar este asunto, no se han producido avances y los empresarios no quieren abrir un melón que quedó fuera de la reforma laboral. Por ello, es previsible el rechazo de partidos como PNV y Junts a esta modificación.
Impuesto al diésel
Economía confía en sacar adelante el polémico impuesto al diésel comprometido con Bruselas para acceder a parte de los fondos europeos. La subida para equipararlo con el de la gasolina ya ha sido rechazada en otras ocasiones por el Congreso, lo que el año pasado supuso mermar en 460 millones de euros el quinto desembolso de las ayudas comunitarias. Sin el apoyo parlamentario -la propuesta tiene que reunir una mayoría de consenso al tratarse de una medida fiscal-, esos fondos podrían perderse.
Coche eléctrico
Las ayudas previstas para la compra de coche eléctrico aún no se han activado. El Gobierno aprobó el pasado diciembre en el Consejo de Ministros una nueva subvención denominada Plan Auto+ con una tramitación más ágil que la anterior, pero todavía no ha sido publicada en el BOE y el sector se queja de la incertidumbre existente que está lastrando las ventas.
Pendientes de las medidas en materia de vivienda
El Gobierno ha convertido la vivienda en eje de la legislatura, en medio de una crisis de acceso casi sin precedentes con precios disparados que golpean, sobre todo, a los más jóvenes. Este escenario ha llevado al Ejecutivo a realizar decenas de anuncios en el último año, muchos de los cuales no se han puesto aún en marcha.
Unos, por el retraso en su aprobación, como los avales lanzados el pasado martes para proteger a los caseros frente a posibles impagos. Otros, por la compleja aritmética parlamentaria que mantiene varias proposiciones de ley atascadas en el Congreso. Entre ellas, la que incluye el polémico impuesto a la compra de vivienda por parte de extranjeros, aunque el Gobierno sí logró sacar adelante el pasado año la eliminación de las denominadas Golden Visa. También sigue en el cajón el plan para subir al 21% el gravamen sobre los pisos turísticos. Más recientemente, el Ejecutivo ha planteado otras medidas fiscales como la exención del cien por cien del IRPF para los propietarios que no suban el precio cuando renueven sus contratos. La idea murió casi antes de su nacimiento con la firme oposición de Sumar y Podemos, pese a que el plan también incluye una regulación contra el fraude en los alquileres de temporada y límites -aún sin especificar- en el de habitaciones.
Con la perspectiva de que esas propuestas serán difíciles de sacar adelante en el corto plazo, el Gobierno se ha marcado el objetivo de lanzar el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 en el primer trimestre de este año (debería haber estado listo en diciembre).
Al tener rango de norma reglamentaria (siempre ha sido así), no tiene que pasar por el Congreso. El texto fija las políticas públicas de vivienda para los próximos cinco años y, según lo previsto, contará con una financiación de 7.000 millones de euros, un 60 % aportado por el Estado y el resto por las comunidades. Entre las medidas destaca la recuperación de las ayudas a la construcción de VPO, las ayudas al alquiler con opción a compra o el avance de la vivienda industrializada. Sobre la mesa también está el impulso a la cesión de casas vacías al Estado para alquiler asequible.
La cuota de los autónomos y los módulos siguen en el aire
La caída del decreto ómnibus en el Congreso el pasado martes deja en el aire dos medidas clave generando una gran incertidumbre entre los 3,5 millones de trabajadores autónomos: la congelación de la cuota para 2026 y la extensión del sistema de módulos. El plan del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social era prorrogar las cuotas vigentes -tras haber descartado unas subidas que habían provocado un fuerte rechazo del colectivo porque afectaba a los que menos ingresan- con el fin de ganar tiempo para negociar con asociaciones y sindicatos la manera de avanzar para que cada trabajador aporte según sus ingresos reales.
La segunda normativa que fue rechazada el martes fue la prórroga de los módulos que permite a más de 350.000 emprendedores facturar en función de un régimen de estimación objetiva. Ahora estas medidas se encuentran en pausa mientras el Ejecutivo trata de convalidarlas cuanto antes en un decreto distinto.
Otra cuestión pendiente de pasar su examen parlamentario es la denominada pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Una figura jurídica que aún no ha sido aprobada y que permitiría a mutualistas de profesiones colegiadas, como abogados o arquitectos, transferir sus cotizaciones de mutualidades privadas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), mejorando por el camino sus pensiones de jubilación. Estas apoyan la iniciativa bajo ciertas condiciones: que sea voluntaria, temporal y que no perjudique ni a las entidades ni a quienes decidan permanecer en ellas. La cuestión se ha convertido en un campo de batalla político, ya que su futuro depende de un delicado equilibrio entre el PSOE y sus socios.