El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso presentado por el Gobierno central, que entiende que varios normas de la comunidad vulneran su competencia
29 ene 2026 . Actualizado a las 17:45 h.El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra la Ley de medidas fiscales y administrativas que acompañaron a los presupuestos de la Xunta del pasado año. Deja en suspenso la aplicación de varios artículos que afectan al sector eólico y a la minería. En concreto, la medida afecta a los apartados dos; trece; diecisiete; diecinueve; veinte; veintiuno y veinticinco del artículo 30, y el cinco, del artículo 45.
Guardan relación con el Plan sectorial eólico de la comunidad, que concreta las áreas en donde pueden ubicarse los parques; los plazos en los que están en vigor las autorizaciones administrativas previas y de construcción de los parques; las repotenciaciones obligatorias de las instalaciones que hayan cumplido 25 años de vida operativa —aunque se preveía la posibilidad de extender este período hasta los 30 años—; las zonas de aceleración renovable eólica y la prohibición de ubicar nuevos parques fuera de las áreas de aceleración a excepción de aquellos que vendan al menos el 50 % de su electricidad a través de contratos de suministro a largo plazo con precios competitivos.
Además, deja en suspenso un artículo sobre la condición de municipios mineros.
El recurso de inconstitucionalidad se sustenta en que los artículos impugnados podrían vulnerar las competencias exclusivas del Estado sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica; la autorización de instalaciones eléctricas y transporte de energía y el régimen minero y energético.
La conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, volvió a reiterar este jueves que la suspensión de las mencionadas medidas —con efecto desde la fecha de presentación del recurso, el 30 de septiembre del pasado año— impide que los gallegos puedan acceder a una energía más barata y también a que haya un menor impacto de las plantas eólicas en el paisaje, «puesto que lo que intentaba Galicia era reducir en 2.000 su número de molinos».
Acusó a los socialistas gallegos de respaldar al Gobierno cuando dejó fuera de la planificación nuevas inversiones en redes eléctricas en Lugo y en la presentación de este recurso ante el Constitucional.
De igual manera, afirmó que la líder del BNG, Ana Pontón, preferirá que se mantengan todos los aerogeneradores en los montes de la comunidad «antes que reconocer una buena del Gobierno gallego».