La patronal eólica gallega alerta de que hay promotores e industrias en riesgo por el parón
ECONOMÍA
La entidad advierte que algunas empresas no pueden cumplir con el suministro de energía verde a proyectos industriales
16 ene 2026 . Actualizado a las 18:57 h.La Asociación Eólica de Galicia (EGA) lanzó este viernes una advertencia clara: en la comunidad hay promotores «que han entrado en serias dificultades, porque ya no pueden cumplir sus compromisos de suministrar energía limpia a proyectos industriales». Son iniciativas empresariales cuya viabilidad depende, en muchos casos, de esos acuerdos que les aseguran disponer de electricidad renovable y a precios competitivos a largo plazo. Pero los promotores eólicos no solo están en riesgo por esos posibles incumplimientos contractuales, sino por las deudas millonarias con sus proveedores, a los que encargaron la construcción de los parques autorizados por la Xunta y que no han podido desarrollarse porque están afectados por fallos judiciales y medidas cautelares.
«Galicia camina hacia atrás: desperdicia sus potenciales recursos eólicos, incrementa su dependencia del exterior, encarece la factura de la luz y pone en peligro la salud pública», lamenta la patronal eólica de la comunidad, que considera que ese bloqueo al desarrollo del sector, y por extensión, a la industria, «se ha convertido en una falla estructural de nuestra economía».
Pérdida de peso industrial
La asociación que preside Manuel Pazo recuerda que, hasta el 2023, Galicia mantenía una posición intermedia en el país en cuanto a inversiones industriales, pero desde hace dos años acusa caídas, debido al bloqueo judicial que registran desde hace unos años un centenar de proyectos eólicos, por unos 3.000 megavatios de potencia. «Resulta sorprendente que la sala tercera del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) haga caso omiso del Tribunal Supremo (TS) y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), cuando en otras comunidades los proyectos se tramitan igual que en Galicia y la interpretación de sus tribunales superiores coinciden con la del Supremo y el de la UE», reprocha la asociación.
Casi un lustro después de que comenzase el goteo de decisiones judiciales que han provocado la práctica paralización del sector, la patronal eólica lamenta que se esté comprometiendo inversiones industriales por valor de 6.300 millones de euros, a las que hay que añadir otros casi 4.000 necesarios para acometer los parques suspendidos. Una coyuntura que pone en jaque la creación de 14.000 puestos de trabajo, «provocando la emigración, cuando no el cierre, de empresas, pero también de nuestros profesionales cualificados y todo tipo de operarios».
La entidad incide en que, «si no hay energía cerca, no hay empresas, porque los consumos se producen donde se genera, ya que las líneas tienen problema de transporte y es algo que no se soluciona a corto plazo». En contraposición, subraya que las inversiones multimillonarias las acaparan las comunidades con mayor potencia instalada, es decir, Castilla y León y Castilla-La Mancha, además de Aragón.
También incide en que el consumo eléctrico continúa en la senda del descenso en la comunidad, una bajada del 32 % desde el 2018, «un porcentaje tan elevado que raya en la involución de la economía gallega». Frente a la atonía de la comunidad, el mundo se rearma también en cuanto a fuentes energéticas.
«El desierto que atraviesa el sector eólico desde la pandemia nos ha colocado en una posición muy vulnerable en un momento en que asistimos a una guerra mundial por la energía», critica. En ese ámbito, Estados Unidos se ha lanzado a controlar el petróleo de Venezuela; Rusia continúa con su imperio del gas y China prosigue en su escalada de apuesta por las energías renovables. «Entre tanto, Alemania, al quedarse sin la nuclear propia ni el gas ruso, se ha lanzado a multiplicar su potencia renovable en el menor tiempo posible», explica EGA. Solo el pasado año tramitó 12.000 megavatios, doce veces más que en España. «Las cifras son extraordinariamente elocuentes. Determinación política y una legislación fundamentada en el interés público superior de las energías renovables —directiva europea de 2023—, además de su correcta transposición, están detrás de la notable reducción de plazos y la velocidad de las inversiones», algo, enfatiza, que necesita la comunidad para frenar el retroceso industrial y económico.
Mientras, la asociación augura un 2026 con perspectivas demoledoras, con fuga de inversiones y el parón judicial al sector.