La debilidad parlamentaria del Gobierno complica los pagos de fondos europeos
ECONOMÍA
Bruselas exige a España una reforma fiscal para hacer el quinto desembolso
05 ago 2024 . Actualizado a las 05:00 h.El Gobierno ha sufrido duras derrotas parlamentarias en los últimos meses. Las «hostias» recibidas (en palabras del ministro de Sumar Ernest Urtasun) le han llegado desde diversos frentes: los votos en contra de Junts (junto con el PP y Vox) tumbaron el techo de gasto y la ley de extranjería hace unas semanas; a primeros de año llegó el batacazo propiciado por Podemos al rechazar la reforma de Yolanda Díaz del subsidio por desempleo (que vio la luz en un segundo intento). Y así hasta 33 veces desde que empezó la legislatura. Esta debilidad parlamentaria del Gobierno le va a complicar mucho cumplir con las reformas comprometidas con la Comisión Europea y aún pendientes para recibir los próximos desembolsos de los fondos europeos.
España ha percibido hasta el momento cuatro desembolsos y para ello ha tenido que aprobar, entre otras, la reforma laboral y la de las pensiones. Ahora, para solicitar el quinto (7.000 millones en subvenciones y 500 millones en préstamos) el Gobierno debe aprobar una reforma fiscal antes de que acabe el año y la Ley de Servicios Sociales.
El Ministerio de Hacienda considera que ha cumplido con las modificaciones fiscales introducidas hasta la fecha y con la buena marcha de la recaudación tributaria, pero Bruselas le sacó los colores en junio y advirtió que el Ejecutivo debía realizar una «revisión y simplificación» del sistema fiscal y avanzar en los impuestos medioambientales. La Comisión subrayó la necesidad de simplificar el sistema tributario para fomentar el crecimiento, el empleo y la transición verde.
Además, para el sexto desembolso (3.600 millones en subvenciones y 15.000 millones en préstamos) tendrá que aprobar, entre otras, la reforma de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y la nueva ley del cine, remitida en junio a las Cortes. En principio, no debería haber problemas en tener la mayoría suficiente para aprobarlas, pero ahora cualquier votación parlamentaria puede convertirse en un sobresalto.
La laboral fue la primera gran reforma exigida por la Comisión Europea y la segunda, la de pensiones. Europa estuvo a punto de descontar entre 800 y 1.000 millones de euros al considerar que la reforma de pensiones no llegaba a cumplir los compromisos. Finalmente, se incorporaron y acordaron los ajustes requeridos. Con la reforma fiscal puede ocurrir lo mismo. Bruselas podría descontar hasta 1.000 millones de euros si España no cumple los compromisos. El Gobierno tiene dos caminos: intentar que salga adelante la reforma fiscal en el Parlamento o arriesgarse a que se descuente un volumen importante de fondos europeos.
Hasta la fecha España ha recibido más de 48.000 millones de euros tras cumplir 158 hitos de reformas y objetivos de inversión, que representan el 30 % de todo lo que tiene que cumplir para obtener todos los fondos. Le quedan por cumplir 414 compromisos para recibir los próximos desembolsos. El informe de la Comisión Europea subraya que la finalización a tiempo del plan de recuperación es todavía un reto y que hay que acelerar las inversiones y abordar los retrasos que están apareciendo.
Riesgo real de perder fondos
Aunque a partir de ahora el grueso de compromisos a cumplir se centra en objetivos de inversión, quedan todavía reformas por aprobar «y no está claro con qué mayoría podrá contar el Gobierno», señala la unidad Next Generation de LLYC. «El riesgo de perder parte de los fondos restantes por no poder cumplir con todos esos compromisos es bien real», concluye el informe.
Las reformas legislativas son las más complicadas, pero no hay que perder de vista que también hay que realizar las inversiones prometidas con los fondos europeos. Una de ellas era destinar 4.000 millones para mejorar el acceso a vivienda asequible. Este punto ya lo ha puesto en marcha el Gobierno al suscribir los convenios con el ICO para repartir ese dinero en préstamos con condiciones más favorables que las del mercado a promotores para levantar viviendas en alquiler social o asequible.
¿Qué pasará con esos objetivos si no hay Presupuestos del Estado en 2025 y se prorrogan los de 2023? En este caso, la suerte juega a favor. No tener Presupuestos dificultaría llevar a cabo las inversiones si los prorrogados fueran restrictivos, pero los de 2023 incluían un margen de inversiones de fondos Next Generation que da de sobra para aplicarlo a los fondos que puedan recibirse en 2025. Eso sí, hay que llevar a cabo esas inversiones. Si no, pasará como con el kit digital: que Europa quitó 158 millones por no haberlo desarrollado a tiempo.
Una ejecución todavía baja en las subvenciones que van asociadas a los PERTE
Una herramienta clave de los fondos Next Generation en España son los PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica). Aunque en un primer momento solo se dotó a los PERTE con 14.205 millones de euros en subvenciones, con la adenda su financiación ha pasado a 41.182 millones de euros (24.496 millones en subvenciones y 16.686 millones en préstamos).
Sin embargo, los compromisos de fondos realizados han sido bastante dispares. El informe de la unidad Next Generation de la consultora LLYC sobre los mismos destaca que el nivel de compromiso en general se sitúa en el 57,6 %, lo que supone que aún quedan más de 10.000 millones de euros en subvenciones por comprometer.
Vehículo eléctrico
El PERTE que ha cumplido con creces con los objetivos es el promovido para el desarrollo del vehículo eléctrico, que ha incrementado sus tasas de adjudicación con las sucesivas convocatorias; por el contrario el PERTE ERHA (que incluye las iniciativas en energías renovables, hidrógeno verde y almacenamiento energético y que cuenta con 10.796 millones de euros) no ha comprometido todavía ni la mitad de la dotación de la que dispone, según el informe, aunque de lo comprometido se ha adjudicado una gran parte.
La unidad de análisis Next Generation de LLYC recalca que «queda mucho por gestionar de ayudas de los PERTE» y que el Gobierno debe asegurar que la inversión prevista se concrete.
Hasta el momento, el Gobierno aprobó doce PERTE. El que contiene mayor dotación es el del Chip, con 12.250 millones de inversión pública, seguido por el ERHA y el coche eléctrico.