Los sindicatos se oponen a que los particulares evalúen los riesgos laborales de las empleadas de hogar

Nuevo desencuentro en la mesa del diálogo social entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos. En este caso, a cuenta de la evaluación de los riesgos laborales de las empleadas de hogar. En la reunión celebrada en la tarde del martes, los representantes de los trabajadores rechazaron la pretensión del ministerio que dirige Yolanda Díaz de que sean los particulares que tienen contratada ayuda en el hogar quienes, a través de una herramienta online, valoren dichos riesgos, sin que la Inspección de Trabajo acceda al domicilio a realizar comprobaciones.

El decreto elaborado por el ministerio, cuyo texto se trasladó esta semana a los sindicatos, recoge que se pondrá a disposición de los empleadores «una herramienta que facilite el cumplimiento de las obligaciones requeridas», como modo de agilizar el proceso, que se encarecería imponiendo obligatoriamente que se realizase a través de una empresa especializada, una opción que es voluntaria.

Desde CC.?OO. y UGT consideran que la normativa diseñada por el ministerio, pese a suponer avances para mejorar las condiciones laborales del colectivo, tiene «lagunas importantes». Así lo sostienen la secretaria de Salud Laboral de UGT, Ana García de la Torre; y su homólogo de CC.OO., Mariano Sanz.

Este, además, pone el foco en las características específicas de quienes contratan empleadas de hogar, que «en muchos casos son personas de edad avanzada sin la capacidad de hacer una autoevaluación online». Para salvar esos escollos, los sindicatos han planteado al Ministerio de Trabajo alternativas, como que impliquen a las mutas en el proceso, para que sean ellas quienes asesoren, o que esas evaluaciones de riesgos las hagan técnicos.

Sin acceso a los domicilios

Aunque las organizaciones sindicales celebraron que el Ejecutivo se muestre receptivo en lo que respecta a los riesgos psicosociales que implica el trabajo doméstico, se mostraron muy críticos con el hecho de que la normativa no incluya que la Inspección de Trabajo pueda acceder a los domicilios, una inviolabilidad consagrada en la Constitución que en ocasiones ampara los abusos que este colectivo sufre.

Pese a que los sindicatos admiten la dificultad de encontrar un encaje normativo que dé cobertura legal a las inspecciones presenciales, sostienen que estas son necesarias para impedir los abusos que, en caso contrario, quedarían en manos de la buena voluntad del empleador.

Formación y protección

El decreto también deja en manos de este proporcionar las medidas de protección precisas a las empleadas de hogar, que tienen derecho a recibir formación en riesgos laborales y a someterse a reconocimientos médicos.

Del mismo modo, el ministerio también pretende confeccionar un protocolo frente a las situaciones de violencia y acoso sexual, ya que la inmensa mayoría del colectivo es femenino.

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