El Supremo rechaza indemnizar a los contribuyentes que pagaron el impuesto de plusvalía que fue declarado inconstitucional

G. Lemos REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

PACO RODRÍGUEZ

Descarta la responsabilidad patrimonial del Estado salvo en los casos en los que se pruebe que el terreno no aumentó de valor

15 mar 2024 . Actualizado a las 17:40 h.

El Tribunal Supremo rechaza que los contribuyentes que en su día abonaron el impuesto de la plusvalía municipal, antes de que fuera anulado en octubre del 2021 por el Tribunal Constitucional (TC), tengan derecho a reclamar una indemnización por la responsabilidad patrimonial del Estado por haber legislado un tributo declarado inconstitucional. Al menos, no de forma generalizada.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, en una sentencia de la que fue ponente Carlos Lesmes, anterior presidente del alto tribunal, rechaza cuatro recursos presentados por otros tantos contribuyentes que, tras la anulación del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (denominación oficial de la plusvalía municipal), reclamaron al Estado que asumiese una responsabilidad por los daños causados por el poder legislativo.

Una petición que el Gobierno desestimó mediante un acuerdo del Consejo de Ministros en el que argumentaba que «el principio de responsabilidad patrimonial del Estado legislador en los casos de declaración de inconstitucionalidad de una ley admite excepciones», citando una sentencia del propio Supremo en la que el tribunal aseguraba que en ciertas circunstancias se podría justificar «que el perjudicado tuviera el deber de soportar el daño» provocado por la norma. Además, recordaba que el propio Constitucional limitó en su sentencia la posibilidad de recuperar el dinero, impidiendo recurrir o rectificar las liquidaciones que no hubiesen sido impugnadas antes de sentencia.

En su fallo, los magistrados del Supremo concluyen que la expulsión del ordenamiento jurídico de determinados preceptos de la ley reguladora del impuesto que realiza la sentencia del Constitucional (y que en la práctica impedían liquidar el impuesto, por lo que este tuvo que ser reformado), «no conduce necesariamente […] a calificar de antijurídico el abono de determinadas cantidades en concepto del [impuesto] o que esas cantidades, por equivalencia, constituyan un daño efectivo desde la perspectiva de la responsabilidad patrimonial». Es decir, entienden que aunque la sentencia del TC concluyese que la fórmula de cálculo del tributo no se ajustaba a la Carta Magna , puesto que en algunos casos generaba un incremento de valor irreal, eso no quiere decir que la plusvalía fuese contraria al principio constitucional de capacidad económica en todos los casos, ya que en muchos otros sí existía un incremento del valor de los terrenos y, por tanto, un hecho imponible.

Por eso, establece que para llegar a la conclusión de que se ha producido un daño efectivo que se pueda reparar declarando la responsabilidad patrimonial del Estado «es preciso que se acredite a través de los medios de prueba establecidos en el ordenamiento tributario que el hecho imponible no se ha producido o que se ha producido en cuantía distinta a la establecida por la Administración con su método de estimación objetiva, o que las reglas de cálculo aplicadas eran incorrectas». Y eso no ocurría, dice, en los cuatro casos analizados, en los que se probó la existencia de un incremento de valor del terreno «y, en consecuencia, una manifestación de riqueza real o potencial cuyo gravamen resulta plenamente compatible con la Constitución».

«No existe, pues, el automatismo pretendido por la parte actora, que deduce su derecho a la indemnización del simple hecho de haber abonado el tributo», concluye el Supremo, que remarca que hay que valorar las circunstancias que concurren en cada expediente, con lo que no cierra la puerta a declarar la responsabilidad patrimonial en casos en los que se pruebe que no hubo un incremento real del valor de los terrenos sujetos al impuesto.