La ejecución de los fondos europeos no llega al 50 % pasado el ecuador del plazo

Ana Balseiro
ana balseiro MADRID / LA VOZ

ECONOMÍA

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Oscar Vázquez

Alertan de que más de 14.000 millones no han encontrado adjudicatario y de que habrá que hacer un «enorme esfuerzo» para gastar todo el dinero

29 ene 2024 . Actualizado a las 19:20 h.

El festín de los fondos europeos con el que España debía transformar su economía tras la pandemia está teniendo una digestión lenta y muy pesada. Pasado el ecuador del plazo que Bruselas marcó para completar la inversión de los 163.000 millones asignados a nuestro país —expira en agosto del 2026—, España no ha sido capaz de gastar ni el 50 % del dinero de los Next Generation, al que se le suman otros 36.700 millones de los Fondos Estructurales del marco financiero plurianual 2021-2027. Así, con el calendario en contra, el país tendrá que hacer «un enorme esfuerzo» para no tener que reintegrar parte de esos recursos. Esa es la conclusión del Observatorio NextGen de la consultora Llorente y Cuenca (LLYC).

En su último informe de seguimiento, presentado este lunes, desde el observatorio señalan que España tendrá que adjudicar en dos años y medio el 59 % de la cuantía del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR), del que hasta el momento solo ha adjudicado el 46 %, pese a que se ha comprometido más del 94 % de los 66.296 millones asignados.

El atasco es, pues, evidente, y el informe le pone cifras. Así, la Administración General del Estado ha licitado y resuelto el 78,48 % de lo comprometido: 30.552 millones de un total de 38.336 al cierre del 2023, mientras que se han adjudicado a sus beneficiarios finales casi 24.000 millones, equivalentes al 34 % del PRTR inicial. En lo que respecta a las comunidades autónomas, gestionan 24.188 millones, de los que apenas se han adjudicado 8.600 millones.

El remanente se eleva al 20 %

El análisis de la consultora alerta también sobre la acumulación «significativa» de remanentes de los fondos, es decir, dinero que no ha encontrado adjudicatario, ya sea porque las empresas no se han presentado a las licitaciones o porque la Administración las ha rechazado. En concreto, LLYC calcula en 6.575 millones los fondos desiertos correspondientes a la Administración General del Estado y estima en otros 5.205 millones los de las comunidades autónomas, aunque podrían ser más, dado que la consultora se queja del déficit de transparencia existente. Podrían rebasar los 14.000 millones, es decir, el 20,4 % de los 70.316 millones de la cuantía inicial del plan de recuperación.

En cualquier caso, que hayan quedado desiertos no significa que esos fondos deban devolverse todavía. Según explicó Paloma Baena, directora del Observatorio NextGen de LLYC, habrá que volver a licitarlos, pues están asignados a objetivos del plan de recuperación y no son de libre disposición, de modo que no pueden derivarse a otras partidas.

Algunos de los fiascos más abultados en las licitaciones —casi 3.000 millones de remanente el año pasado— se deben a las convocatorias del PERTE del vehículo eléctrico, que adjudicó 629 millones y dejó desiertos 208 millones, por ejemplo.

Galicia recibió 1.392 millones, mientras que Andalucía y Cataluña rebasan los 3.500

El análisis de LLYC también aborda la distribución territorial de las transferencias de fondos europeos y concluye que Andalucía y Cataluña están a la cabeza con 3.849 y 3.524 millones respectivamente. A distancia las siguen Madrid y la Comunidad Valenciana, con 2.607 y 2.288 millones, mientras que Galicia se encuentra un escalón por debajo, con 1.392 millones de euros, por detrás de Canarias y Castilla y León.

Las cuatro comunidades que han obtenido un mayor volumen de fondos en conjunto (Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana), que concentran el 50,76 % del dinero, son las que menos importe han logrado per cápita. El informe señala que en el reparto el Estado ha atendido especialmente el factor de la insularidad (Baleares y Canarias están entre las mejor financiadas per cápita) y de la despoblación, ya que todas las comunidades interiores —excepto Madrid— superan holgadamente la media. En el caso de Galicia, la financiación per cápita asciende a 517 euros.

Por sectores, los relacionados con la sostenibilidad son los que más fondos han recibido: movilidad sostenible, transición energética e industria; seguidos por los relacionados con la digitalización, en especial, para actuaciones dirigidas a educación y a Pymes. Por tipo de beneficiario, el sector público ha absorbido un 45 % de los comprometidos, frente al 40 % del privado y a las entidades mixtas lo restante.