El gasto en pensiones en España ha crecido un 48 % en lo que va de siglo

Cristina Porteiro
c. porteiro REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

XOAN A. SOLER

Es el tercer país de la UE donde más ha engordado esta partida

21 ene 2024 . Actualizado a las 05:00 h.

Por cada pensión que se cobra en España —la más frecuente ronda los 884 euros al mes— hay dos trabajadores cotizando a la Seguridad Social, con un salario que se sitúa habitualmente en los 1.814 euros. La factura total de estas prestaciones ascendió en el 2023 a los 170.800 millones de euros, 15.800 más que en el 2022. Y la cifra seguirá engordando en los años venideros.

España se ha convertido en el tercer país de la Unión Europea (UE), solo por detrás de Chipre y Grecia, donde más se ha disparado el gasto en pensiones en lo que va de siglo. Si en el año 2000 apenas se destinaba el 9,4 % de la riqueza anual (PIB) a pagar las nóminas de jubilados y viudas, en el 2021 —último año para el que Eurostat tiene datos—, hubo que elevarlo hasta el 13,9 %. En apenas 21 años, el gasto en pensiones se ha disparado un 48 %, ejerciendo más presión sobre las cuentas públicas que en países como Alemania, Suecia o los Países Bajos.

¿Qué ha pasado en el resto del vecindario europeo? Chipre es el país de la UE donde más inercia han cogido las pensiones, elevando su peso sobre el PIB en un 66 %. No obstante, la pequeña isla mediterránea apenas destina en la actualidad un 8,8 % de su riqueza anual a abonar estas prestaciones.

El caso de Grecia es harina de otro costal. Fue rescatada hasta en tres ocasiones en la última crisis y sus Ejecutivos tuvieron que pasar la tijera al gasto público. Aún así, el desembolso en pensiones alcanza allí el 16,4 % del PIB, la cifra más abultada de la UE. Y no solo eso. El país ha incrementado su peso en un 50,5 % desde el 2000.

Italia, Austria, Francia y Portugal también hacen más esfuerzo que España para financiar los pagos de sus pensionistas. El vecino luso, de hecho, ha incrementado en un 42 % el peso de la factura desde que arrancó el siglo XXI.

Ahora bien: no existe una única causa que explique esta evolución ascendente. En el caso de España, existe un importante componente demográfico: la esperanza de vida es de las más altas del mundo, la natalidad, de las más bajas y los niveles de dependencia irán creciendo a lo largo de las próximas décadas, recuerdan Sergi Jiménez y Analía Viola en un informe sobre el futuro del sistema de pensiones. En la actualidad dos de cada diez españoles tienen más de 65 años. En el 2050 serán casi cuatro de cada diez. «Los compromisos del sistema no pararán de crecer, ya que se tendrá que pagar la (misma) pensión durante mucho más tiempo», señalan. Y, desafortunadamente, la hucha de las pensiones sigue siendo deficitaria. Sale más dinero del que entra, obligando hasta ahora a hacer transferencias a costa de la deuda pública. Desde el 2010, «no ha parado de deteriorarse». Ese año el déficit fue de 970 millones. Tras alcanzar un récord de 26.500 millones en el 2016, esa brecha volvió a descender hasta los 5.347 millones del año pasado.

Menos empleados

Al factor demográfico se suma el factor trabajo: cada vez habrá menos empleados en activo para sostener la hucha de los jubilados —por cada euro que cotizaron, perciben 1,6 de media—. Y esos trabajadores se verán con facturas fiscales más elevadas vía cotizaciones. «En la última década más del 80 % de los ingresos adicionales han sido destinados a los pensionistas, el grupo de presión por excelencia de la sociedad española. Las recientes reformas, de carácter expansivo, han optado por aumentar los recursos destinados a los mayores, a costa de incrementar la imposición a las generaciones más nuevas y de recortar las partidas de inversión en los jóvenes (educación e inversión productiva), lo que es difícilmente sostenible a medio y largo plazo», deslizan Jiménez y Viola. Y en esa línea se sitúa el tercer factor que ha contribuido a engordar estas prestaciones: el uso político que se ha hecho al volver a vincular su crecimiento con el IPC. Esta derrama estructural ha situado a España como el sexto país de la OCDE que más dinero dedica a prestaciones sociales: un 28,1 % de su PIB. Esta factura ha crecido un 44 % en lo que va de siglo.