Millones de hogares, a la espera del futuro de las ayudas para cambiar sus recibos de luz y gas

J. M. C. MADRID / COLPISA

ECONOMÍA

Martina Miser

El fin del IVA reducido eléctrico y de la tarifa regulada dispararían unos precios ahora protegidos y obligarían a analizar una modificación del contrato

13 nov 2023 . Actualizado a las 09:06 h.

El 31 de diciembre sabremos si el Gobierno ha optado por prorrogar las medidas en vigor para combatir el impacto de la inflación, modifica algunas o las anula por completo. Y esa decisión, que depende del Ejecutivo, también condicionará los cálculos de los más de diez millones de hogares que se encuentran actualmente acogidos a las tarifas reguladas de electricidad y gas natural. Se trata de las modalidades más protegidas por los paquetes de apoyo puestos en marcha por Moncloa desde el inicio de la guerra en Ucrania. En el caso del gas natural, 1,5 millones de usuarios están acogidos a la tarifa TUR; y en la electricidad, unos 8,5 millones disponen de una modalidad regulada.

Desde entonces, cualquier modificación de esas medidas en vigor condicionará la tarifa más óptima que deberían elegir. Si el IVA de la luz vuelve a sus tipos habituales (el 21 % frente al 5 % reducido en el que se encuentra en estos momentos); si el impuesto eléctrico también lo hace (del 0,5 % actual al 5,1 % ordinario); y si se repliegan el resto de medidas vinculadas al bono social (con descuentos de hasta el 80 % para las familias vulnerables), el recibo puede subir hasta un 25 %, de golpe.

Los titulares de contratos eléctricos disponen de un amplio abanico de opciones en el mercado libre con los precios en vigor en estos momentos. Las ofertas más competitivas que hay disponibles se sitúan alrededor de los 0,12 euros el kilovatio hora, dependiendo de las condiciones de cada modalidad, según el comparador de precios de la Comisión Nacional de Competencia (CNMC). La tarifa regulada del último mes, según los cálculos de Competencia, ha aplicado una tarifa media de 0,13 euros. Lo ha hecho gracias al desplome de costes energéticos de la última semana por la aportación realizada por las centrales eólicas e hidroeléctricas tras los sucesivos temporales que han atravesado la Península.

Las comunidades, en alerta

Las dudas en torno al gas natural proceden de la posible ampliación de la tarifa regulada (TUR), una modalidad muy protegida por la legislación desde octubre del año pasado. En aquel momento, el Gobierno decidió prorrogar la limitación de las subidas de esta tarifa gasista. Desde noviembre del 2021, las subidas de la TUR se encontraban limitadas a un 5 % en cada revisión trimestral, a pesar de que el alza del precio habría provocado un incremento de hasta el 30 %.

Por eso, el Ejecutivo acordó prorrogar ese tope a la tarifa regulada del gas y, al mismo tiempo, habilitó una nueva modalidad (la TUR 4) a la que podían acogerse las comunidades de vecinos con caldera comunitaria, un colectivo que no podía contratarla al tener un consumo elevado. Todo ese sistema finaliza, según la ley actual, a final de año. Si la TUR vecinal no es prorrogada, las comunidades deberán acudir al mercado libre, lo que puede agravar la economía de miles de hogares de cara al invierno. Los edificios con tarifa regulada de gas están pagando 4,5 céntimos el kilovatio por hora, cuando en el mercado libre está a 7,5 céntimos, si no sube.