El Gobierno puede entrar en el capital de la compañía por medio de la SEPI a través de la llamada «acción de oro»
03 nov 2023 . Actualizado a las 18:16 h.El Gobierno defiende que se exploren «todas las opciones» en cuanto a la participación del Estado en el accionariado de Telefónica, ya que se trata de la empresa «más estratégica del país». La vicepresidenta económica en funciones, Nadia Calviño, se mostró ayer prudente a la hora de valorar el anuncio de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) de poder adquirir un paquete de acciones con el que contrarrestar el poder del grupo saudí STC, que adquirió un 9,9 % de títulos a principios de septiembre. Lo hizo solo a unos días de que Telefónica celebre su Día del Inversor, el próximo 8 de noviembre, al defender el «interés estratégico» de la compañía en España.
Desde el Ejecutivo se había mantenido silencio respecto a este anuncio, pero este viernes, durante un foro organizado por la APIE en Madrid, Calviño indicó que el Gobierno «debe ser muy prudente» con sus declaraciones porque se está hablando de una empresa cotizada, pero aseguró que Telefónica es la empresa «más estratégica», por lo que anunció que el Ejecutivo «defenderá su interés estratégico». La vicepresidenta no quiso ir más allá porque «cualquier otra comunicación sería imprudente».
Las acciones de Telefónica se han revalorizado un 7 % desde el pasado lunes. Los títulos de la operadora comenzaron la semana a 3,52 euros y la terminaron este viernes repuntando hasta los 3,75 euros por acción. Solo en la jornada de este viernes la compañía se revalorizó un 2,7 % en Bolsa.
Acción de oro
Hasta ahora, los principales propietarios de Telefónica eran BBVA (con un 4,9 %), CaixaBank (3,5 %) y la firma BlackRock (4,5 %). Si el Estado entra de nuevo en Telefónica (su salida definitiva se materializó en 1999 con el Gobierno de Aznar en un proceso de privatización que comenzó a principios de los noventa con Felipe González), puede hacerlo con la llamada acción de oro. Se trata de un derecho de veto sobre cualquier acción ordinaria, de tal modo que puede anular sus derechos políticos. Si ronda el 5 % (a través de la SEPI) movilizaría 1.000 millones de euros. De hecho, el Estado cuenta con esta posibilidad en compañías, como Indra, Redeia, Hispasat o Enagás.