Trabajo quiere llevar a los sindicatos a los órganos de decisión de las empresas

Ana Balseiro
ana balseiro MADRID / LA VOZ

ECONOMÍA

ANDREU DALMAU | EFE

Incluida en el pacto de Gobierno del PSOE y Sumar, patronal y sindicatos piden negociar en el diálogo social la fórmula que mejor se adapte a las pymes

03 nov 2023 . Actualizado a las 12:58 h.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, pretende profundizar en la segunda legislatura de coalición con el PSOE en los cambios de calado del mercado laboral y sus reglas de juego que inició en la anterior. Así se recoge en el acuerdo programático rubricado entre su formación, Sumar, y el PSOE, para la formación de un nuevo Gobierno. Aunque en un primer momento los focos se pusieron sobre la rebaja legal de la jornada laboral semanal a 37,5 horas, esta no es la única medida trascendente que contiene.

Y es que el documento también plasma el acuerdo de ambas formaciones políticas para impulsar la participación de los representantes de los trabajadores en los órganos de decisión de las empresas, desarrollando así un precepto constitucional recogido en el punto segundo del artículo 129, que dispone que «los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción».

Sobre este último aspecto es sobre el que quiere avanzar el departamento que lidera Yolanda Díaz, implementando fórmulas que —como recuerdan los sindicatos— llevan décadas funcionando en otros países europeos.

Es el caso, por ejemplo, de Alemania, donde, los sindicatos tienen presencia en los órganos de decisión de las empresas, y en las mayores incluso pueden vetar las decisiones de índole laboral.

Diferentes alternativas

¿Significa esto que los representantes de los trabajadores en España se sentarán en el consejo de administración de las compañías? «Es una de las posibilidades, aunque no la única», señala Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras. Como negociadora de CC.OO. en el diálogo social, Vicente apunta que el acuerdo es «un punto de partida, no el destino final» y que será en el seno del diálogo social donde deberán analizarse las diferentes fórmulas para que los trabajadores tengan más presencia en las decisiones de las empresas.

«Hay diferentes opciones. Desde la participación de los trabajadores en el capital social hasta el consejo de administración. Hay que evaluar cuál es la que mejor responde a las empresas españolas», insiste Vicente.

En ello coincide la patronal. Desde que se conocieran los puntos del acuerdo del PSOE y Sumar relativos al mercado de trabajo, la CEOE no ha dejado de señalar el diálogo social como espacio de negociación para cualquier cambio en las relaciones laborales, en el que se incardinaría esta mayor participación de los trabajadores en la gobernanza de las compañías. Además, otro aspecto a tener en cuenta en este asunto es el hecho de que el 98 % del tejido empresarial del país lo conforman pequeñas y medianas empresas, que no son equiparables en su funcionamiento y toma de decisiones a las grandes compañías, con consejos de administración.

Consultado al respecto, el Ministerio de Trabajo guardó silencio, aunque, según recoge El País, el equipo de Yolanda Díaz ha impulsado el debate sobre esta nueva regulación durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea y espera tener conclusiones antes de que finalice noviembre, en el próximo Consejo Europeo.

Desde los sindicatos consideran que el acuerdo programático es un buen punto de partida que ahora habrá que abordar y desarrollar, puesto que hasta el momento no ha estado sobre la mesa. Desde la patronal insisten en que resulta «sorprendente» que el acuerdo político entre el PSOE y Sumar «se adentre en cuestiones propias del diálogo social». Como ya señalaron los empresarios cuando trascendió la pretensión de rebajar la jornada laboral, acordar aspectos «muy relevantes» a espaldas de los interlocutores sociales, «con un afán intervencionista evidente», lo consideran un «atropello» al papel constitucional de los agentes sociales.